Encoge el cheque europeo

EL cheque europeo se va a reducir notablemente. La difícil salida de la crisis económica se va a complicar aún más para Andalucía con la pérdida de la mayor parte de los fondos europeos para su desarrollo y la amenaza de que la Política Agraria Común (PAC) baje su presupuesto, prime a los países del Este y cambie su sistema de ayudas, perjudicando a las regiones con mayores producciones históricas. Los expertos advierten que 2010 será el peor ejercicio para la banca y las cajas desde que empezó la crisis. El año que viene será malo, aunque algo mejor para el sistema financiero nacional, que empezará a respirar en 2012. Hay presidentes de cajas andaluzas que auguran un panorama similar para el sector inmobiliario, durante un par de años más. Lo que nos situaría en 2014, el año en que entrará en vigor el nuevo paquete financiero de la Unión Europeo por un periodo de siete años, con una rebaja sensible del cheque andaluz, que puede costar cuatro puntos de PIB al año como poco.

La última referencia de los fondos europeos es la transferencia de 4.000 millones de euros que llegó a Andalucía en 2009. Algo más de la mitad se destinó a infraestructuras, fomento de inversiones, innovación, formación y desarrollo rural o pesquero. El resto fueron los 1.870 millones de ayudas directas o de mercado para los agricultores, el antiguo Feoga Garantía, hoy llamado Feaga. La cifra conjunta supera el 3% del PIB regional y se verá reducida al menos en 1.500 millones de media entre 2014 y 2020. La rebaja puede ser bastante mayor, si la PAC se resiente, aunque Antonio Valverde, director de la Agencia de Desarrollo e Innovación de Andalucía, y antiguo director general de Fondos Europeos en la Consejería de Economía, insiste en que la filosofía comunitaria ha sido siempre contraria a los cambios bruscos de escenario. No lo ve así la principal patronal agraria andaluza, Asaja, que hace tres semanas dio la voz de alerta. Según su tesis, la región perdería más de mil millones de euros al año con el nuevo modelo de la PAC que se pretende implantar; o sea, el 60% de las ayudas agrarias que reciben sus 286.000 agricultores y ganaderos.

Fuentes oficiosas de la Consejería de Economía han informado a este diario que no tienen todavía un estudio sobre los fondos estructurales para el próximo paquete financiero, que algunos llaman Horizonte 2020. En esta misma página, aquí abajo, pueden verse los distintos modelos que se podrían aplicar. En el mejor de los casos, Andalucía podría aspirar a un tratamiento como el que tuvieron Valencia, Canarias y Castilla León en 2007, con el agravante de que los socios del Este han mejorado en este tiempo su capacidad de gasto y concentrarán más ayudas. La media de acciones estructurales entre 2007 y 2013 está siendo de unos 2.100 millones anuales, en los que se incluyen unos 28,5 millones del período transitorio de salida del Fondo de Cohesión. Si se calcula la fórmula de los phasing in de 2007, Andalucía pasaría a recibir 1.555 millones el primer año, 1.244 el segundo, 933 el tercero, 622 el cuarto y 311 los tres siguientes.

Aunque este ajuste parece muy fuerte, puede considerarse optimista en las actuales circunstancias. Y más si tomamos como excepcional el Fondo Tecnológico de 800 millones del actual paquete financiero. Sobre la importancia de los fondos europeos se han publicado muchos estudios. Los últimos en un monográfico sobre Los fondos estructurales europeos y la convergencia de las regiones españoles entre 2000 y 2006, de la prestigiosa revista Papeles de Economía, de Funcas, la Fundación de las Cajas de Ahorro españolas, que recogió este diario cumplidamente el pasado miércoles.

En esa publicación se establece que sin los fondos estructurales europeos entre 2000 y 2006, cada año el PIB andaluz habría crecido un 5,7% menos y el paro habría sido un 7% mayor. Las aportaciones del fondo Feder significaron un 15% de la inversión pública en Andalucía, que llegó al 21% en carreteras y hasta el 30% en infraestructura ferroviaria, en particular el AVE Córdoba-Málaga. Los profesores Carmen Lima, Alejandro Cardenete y Carlos Usabiaga de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla hacen hincapié en la importancia para la convergencia de este fondo sin cuya contribución el PIB regional habría crecido un 5,32% menos cada año entre 2000 y 2006. Por el contrario, los casi mil millones destinados a formación y los más de 1.100 millones de desarrollo rural habrían tenido un escaso impacto en el PIB, de sólo algunas décimas, lo que pone en cuestión la eficacia práctica del Fondo Social e incluso del Feader.

Si aplicamos el dato de que sin los fondos estructurales el PIB andaluz habría crecido casi seis puntos menos cada año entre 2000 y 2006, hay que convenir que al reducirse al menos en dos tercios estas aportaciones, el PIB andaluz perdería cuatro puntos entre 2014 y 2020. De ahí que conservar al máximo las ayudas de la PAC sea un objetivo prioritario para Andalucía. El problema es que es la cuestionada es la propia política agraria. Está lejos 1970 cuando supuso el 92% del presupuesto comunitario. Desde entonces ha ido cayendo el porcentaje de manera sostenida: en 1975 fue el 74%, en 1985 del 70%, en 1993 del 54%, en 2004 del 43% y en 2013 llegará al 32%.

Además de reducirse los recursos de la PAC, se han hecho importantes cambios en los sistemas de ayuda. En 1992 hubo una reforma radical con la intención de reducir la superproducción. Se pusieron en marcha planes de desarrollo rural y protección del medio ambiente que han ido ganado protagonismo. También se inició una supresión o reducción de los precios de intervención, que continuó en las reformas posteriores. Con el tiempo, las ayudas directas se han vinculado a la superficie y no a la producción, y se han condicionado a normas medioambientales, seguridad alimentaria y bienestar de los animales. Y se han abierto los mercados a productos internacionales.

Pero la supresión de precios de garantía y otros sistemas de intervención ha generado un grave problema de volatilidad de precios. El resultado es preocupante en el conjunto de la UE: en Alemania habrá siete veces menos agricultores en 2020 que en 1980; en Francia, seis veces menos. Pero la renta agraria ha sido en 2009 en Alemania la misma que en 2005, y en Francia e Italia, un 10% y un 25% menor. ¿Qué va a pasar en el próximo paquete financiero? Tomás García Azcárate, consejero económico de análisis de mercados en la Dirección General de Agricultura de la Comisión Europea, da algunas pautas: la renta agraria y las ayudas sufrirán la presión presupuestaria, habrá un reequilibraje entre antiguos y nuevos estados miembros y la preferencia comunitaria continuará disminuyendo.

El mensaje que sale de la Comisión Europea es que si se quiere conservar un sector agrario importante en Europa hay que encontrar una rentabilidad en el mercado. Pero para lograrlo hay que disponer de redes de seguridad de las que ahora carece el sistema de ayudas comunitario, y aumentar la transparencia del mercado. También habrá que continuar las políticas de desarrollo rural y protección medioambiental, la promoción de los productos agrarios y el apoyo a la innovación. Con este planteamiento general, el Reino Unido, Suecia, Dinamarca y Holanda, lideran la filosofía de recortar el presupuesto de la PAC. A favor de mantener el actual statu quo estarán sin duda Francia y España. Pero el Gobierno español ha dado a conocer en diciembre un documento en el que plantea una ayuda uniforme por superficie agraria de 100 euros por hectárea que ha provocado la alarma en Andalucía. Son dos tercios menos de lo que ahora se recibe de media en una región que tiene el 25% de la producción final agraria española y consigue un 30% de las subvenciones del Feaga. La Consejería de Agricultura ha puesto en marcha dos equipos de trabajo para preparar sendos informes sobre ayudas y directas y mecanismos de mercado, que estarán ultimados en dos semanas. Con esos argumentos se dispone a batallar ante todas las instituciones nacionales y europeas.

En mal momento, porque la crisis ha golpeado duramente al sector. Ante la competencia feroz, la distribución ha apretado a la industria y el industrial al agricultor. Las marcas blancas han acabado por hundir los márgenes de los productores. Son muchas las voces que reclaman mecanismos para defender los precios, un almacenamiento privado más dinámico, más automático, y recuperar medidas de mercado clásicas. Hay, sin duda, que reagrupar la oferta. Pero el derecho de la competencia europeo impide de momento que se creen centrales de venta, al estilo de las centrales de compra que ya hay de hecho. Ni siquiera está claro que se permitan mecanismos de intercambio de información entre operadores. La consejera Clara Aguilera ilustra el problema con el ejemplo del aceite de oliva andaluz, con 800 vendedores y cinco grandes compradores. En Andalucía hay 600 cooperativas agroalimentarias con una facturación media de 3,5 millones. Prestigiosos profesionales como Tomás Aránguez o Antonio Luque llevan años reclamando una concentración: que hubiese diez y la líder facturase más de 3.000 millones de euros, en lugar de los 300 millones actuales.

Con un presupuesto limitado, más comensales en la mesa y normas de tarifa única, sería casi un milagro que no se recortase el cheque agrario andaluz. La solución, como la de los fondos estructurales, en los próximos dos o tres años.