Agentes del Cuerpo Nacional de Policía han detenido en Granada a 83 personas acusadas de fraude a la Seguridad Social por valor de tres millones de euros, relacionada con la obtención irregular de prestaciones y subsidios de desempleo, según detalló ayer el Ministerio de Trabajo en un comunicado de prensa. Todos los arrestados han sido ya puestos en libertad con cargos, excepto el presunto cabecilla, E.S.R. que, según la investigación, dirige cuatro empresas dedicadas a la construcción, que estarían vinculadas a esta investigación y de las que no se ha especificado si se ubicaban en la capital granadina o en otro lugar de esta provincia.

La investigación, denominada operación Nota, ha culminado en estas detenciones gracias al trabajo de la Brigada de Delincuencia Económica y Fiscal de la Comisaría Judicial de Granada. Los tipos penales manejados en las detenciones son estafa contra la Seguridad Social y otro de falsedad documental. A lo largo de la mañana y el mediodía de ayer, el juzgado de Instrucción número 3 de Granada, encargado de la causa, fue poniendo en libertad con cargos a los detenidos tras tomarles declaración. Es lo que hizo con 82 de los 83 arrestados. El restante es un hombre que responde a las iniciales E.S.R., al que se considera el cabecilla de la trama. Dos de los detenidos están imputados por delitos contra la Seguridad Social, falsificación de documentos y estafa, otros tres por falsificación de documentos y blanqueo de capitales y el resto por delitos de falsedad documental y estafa. E.S.R. dirige cuatro empresas dedicadas a la construcción, cuya constitución y administración dependen de su entorno familiar. Estas empresas se utilizaban supuestamente para dar de alta a trabajadores con escasa o nula actividad laboral, y procedían al cobro de prestaciones y subsidios por desempleo a los que no tenían derecho.

Las empresas investigadas, según fuentes de la investigación, incumplían de forma sistemática la obligación de cotizar a la Seguridad Social por sus trabajadores y, del mismo modo, el responsable de las mismas vendió facturas falsas de operaciones por un importe de más de 735.000 euros.

La investigación comenzó cuando la Dirección provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de Granada detectó en uno de sus controles habituales en materia de racaudación la existencia de empresas que daban de alta en la Seguridad Social a un elevado número de trabajadores. A partir de entonces, se comprobó la inexistencia laboral en estas empresas, en las cuales figuraban como supuestos responsables de la gestión personas "carentes de solvencia, que en ningún caso intervenían en la dirección de las mismas y que eran meros testaferros". De este modo, se ocultaba la identidad del empresario real. De los 175 trabajadores que dados de alta por estas empresas, 142 pasaron a solicitar y percibir prestaciones y subsidios por desempleo del Servicio Público de Empleo Estatal, tras permanecer dados de alta los mínimos exigibles legalmente.

El operativo policial reveló la existencia de un entramado de cuatro empresas dedicadas a la construcción, detrás de las cuales se encontraba E.S.R. y en cuya constitución y supuesta administración colaboraban personas de su entorno familiar.

En materia de subsidios y prestaciones por desempleo, el Servicio Público de Empleo Estatal dio 850.000 euros. Además, las empresas investigadas incumplían de forma sistemática la obligación de cotizar a la Seguridad Social por los trabajadores, cuyo importe ascendía a 1.400.000 euros. Por último, se ha demostrado que el responsable de estas empresas vendió facturas falsas por operaciones simuladas por valor de más de 735.000 euros.

El juzgado de Instrucción 3 de Granada mantiene abierta la operación debido a la posible existencia de nuevas empresas vinculadas a la investigación, así como de otras personas que pudieran ser inculpadas por los mismos hechos en los próximos días.

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