"Somos la parte más vulnerable de nuestra democracia". La frase es de la alcaldesa de Cádiz. Se refiere a los ayuntamientos, los parientes pobres de la monarquía constitucional española, que con la crisis y los recortes se ven en apuros en algún caso para pagar sus nóminas. El decreto del Gobierno que pretendía prohibir endeudarse a los ayuntamientos desde el martes 25 de mayo hasta el 31 de diciembre de 2011 ha provocado una oleada de protestas. Incluso entre los socialistas.

Dos mil alcaldes y concejales del PSOE habían sido convocados en Elche el pasado fin de semana para unas jornadas municipales, que acabaron siendo solamente un mitin de Zapatero el domingo. El presidente afirmó con énfasis que él no da bandazos, pero no les informó del decreto prohibiendo endeudarse a los ayuntamientos, que ya había sido aprobado por el Consejo de Ministros del jueves. La publicación en el BOE el lunes dejó perplejos a propios y extraños. El grado de la protesta fue tan alto que al día siguiente un nuevo bandazo corregía el decreto: los ayuntamientos podrán seguir endeudándose hasta final de año.

Teófila Martínez lo vive con desesperanza: "En los presupuestos generales de este año ya nos habían quitado unos 5.000 millones de euros de ingresos corrientes. Eso supone reducir en un 20% las aportaciones de los recursos del Estado". Para un ayuntamiento como el de Cádiz, con 200.000 habitantes, eso supone, entre unas cosas y otras, unos 13 millones de euros al año. El modelo de financiación municipal no ha cambiado casi nunca; sólo lo hizo con una modificación de Aznar en 2001. Aproximadamente, un 30% de los ingresos municipales vienen de las transferencias del Estado y un 70% de los ingresos propios. "La contribución de la Junta es insignificante", sostiene la alcaldesa gaditana.

Martínez está en contra de prohibir endeudarse a ayuntamientos saneados. "En 2009, los ayuntamientos hemos sido responsables de una parte mínima del déficit público nacional; apenas un 0,5% del 11,5% total. El principal culpable, con un 9%, ha sido la Administración General del Estado". Y además, mientras que el Estado y las autonomías pueden endeudarse por las buenas, los ayuntamientos deben cumplir una serie de requisitos y además obtener el permiso de la comunidad autónoma correspondiente.

El problema es que no pueden dejar de prestar unos servicios públicos que cubren amplias necesidades de la población. "El 80% de la política social la hacemos los ayuntamientos. Parece que Zapatero pretende que no sólo le culpen a él de los problemas, y nos quiere poner a todos en dificultades".

Pilar Sánchez, la alcaldesa socialista de Jerez, que tiene una enorme deuda heredada, es una experta en la materia. "Nos encontramos el Ayuntamiento con una deuda financiera que hemos reducido a 125 millones. El problema es que mientras el endeudamiento con los bancos está regulado y limitado, no hay norma alguna para endeudarse con los proveedores. Esa es la mayor parte de nuestra deuda, que hemos logrado reducir a 378 millones".

En general, los ayuntamientos llevan años haciendo economías. Al menos desde que empezó la crisis. Están aplicando planes de austeridad y devolviendo una parte sustancial de la deuda acumulada. Carlos Rojas, el popular alcalde de Motril, de 60.000 habitantes, es otro ejemplo. Se encontró una deuda viva con las entidades financieras de 43 millones de euros, que ya ha dejado en 38 millones.

Los intereses diarios que pagaba Motril eran 18.000 euros. Ahora sigue siendo mucho dinero: 14.000 euros al día. La deuda a los proveedores tampoco era pequeña, de 36 millones de euros, que ya ha dejado en 14 millones. Rojas cree que su ayuntamiento tiene un problema estructural de difícil solución: gasta un 70% de su presupuesto en pagar sueldos de funcionarios o empleados de empresas públicas, que en total son 1.300 personas. "Lo ideal sería al revés, que el capítulo 1 fuese el 30% del presupuesto".

Pero reducir la talla de un ayuntamiento no es tarea fácil. Pilar Sánchez lo intentó en Jerez y fracasó en el intento: "Nosotros tenemos una plantilla de 2.200 trabajadores y pagamos otros 2.700 de las empresas concesionarias, en total unos 5.000. Y planteamos un ERE voluntario para 300 personas, pero los sindicatos no estuvieron de acuerdo y ese es ya un capítulo cerrado".

La creación de empresas públicas por doquier es criticada ahora de manera generalizada. De hecho, en casi los planes de austeridad de las distintas administraciones, se reducen, fusionan o cierran empresas públicas, cuya utilidad ha quedado en entredicho.

Francisco Toscano, presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) defiende la gestión pública de los servicios municipales, porque la considera más eficiente: "En la práctica, se ha demostrado que se contratan servicios públicos en el sector privado y no son necesariamente más eficientes. En recogida de basura, no porque hayan entrado grandes empresas el servicio está mejor, ni se han evitado las huelgas. En Dos Hermanas hay un servicio propio que no se lleva ni siquiera con una empresa municipal, sino con la estructura del municipio y es muy eficiente".

El presidente de la FAMP piensa que se han creado demasiadas empresas mercantiles. "La agilidad en los procedimientos también se podría conseguir cambiando la ley. En 30 años de democracia se ha creado un gran servicio público, pero debe ser eficiente y austero". En su opinión las diputaciones son las que mejor pagan; porque no tienen la presión popular. Los ayuntamientos, por el contrario, tienen la presión popular, con exigencias de los vecinos, cobran impuestos y están en la bancarrota. La Administración general del Estado ha sido más equilibrada en sus sueldos que el resto de las administraciones. Sin embargo, sí hay desequilibrios en muchos ayuntamientos y diputaciones. Y ahora toca ajustar ingresos y gastos.

Andrés Ocaña, alcalde de Córdoba, admite que "los ayuntamientos tienen que colaborar en la aminoración del déficit público, pero de una manera medida y prudente, de modo que también puedan seguir siendo operativos, como pretenden serlo las comunidades autónomas y el Estado". Ocaña, que también es vicepresidente de la FEMP, cree que los ayuntamientos no se sienten lo "suficientemente respetados" por la Junta de Andalucía y el Gobierno central, tanto en las medidas de recorte que se adoptan, como en el modo de anunciarlas. Es otra manera de decir lo mismo que Teófila Martínez, sobre la institución más vulnerable de la democracia.

La alcaldesa de Cádiz pone el dedo en otra llaga municipal: los competencias impropias de la que se ocupan los municipios sin disponer de la financiación correspondiente. "Es un 16% de nuestro gasto corriente, que en el caso de Cádiz supone entre 26 y 27 millones de euros al año". Un porcentaje que no desmiente Pilar Sánchez, que lo cifra en el 20% de sus gastos.

Francisco Toscano cree que las leyes locales aprobadas esta semana en el Parlamento andaluz son el principio de una concreción de las funciones municipales y una vía de financiación objetiva, que es una novedad. Las partidas del fondo de nivelación no tendrán un destino condicionado. En 2011 serán 420 millones y aumentarán a razón de 60 millones anuales hasta llegar a los 600 en 2014. Un motivo de satisfacción para los socialistas, y de frustración para la oposición. Aunque todos están de acuerdo en que los ayuntamientos viven un momento de debilidad preocupante.