Un informe de la Inspección provincial de Trabajo y Seguridad Social fechado el 26 de noviembre de 2010 había detectado una "irregularidad" o "indicio racional de fraude" en el acuerdo inicial alcanzado entre 'Vinnell-Brown ant Root Spain' (VBR), empresa gestora de los servicios civiles de la base aérea de Morón de la Frontera, y el comité de empresa, en cuanto al expediente de regulación de empleo (ERE) promovido por la primera de las partes. No obstante, la resolución que autoriza este procedimiento da por "subsanadas" estas "deficiencias" al haber sido "excluidos" del ERE 31 personas que "ya no prestaban servicios" en las instalaciones cuando las partes acordaron la regulación de empleo.

Como se recordará, 'Vinnell-Brown ant Root Spain', adjudicataria desde el 1 de agosto de los servicios civiles de esta base cuyo uso comparten las fuerzas aéreas de Estados Unidos y España,  había impulsado un ERE "por causas organizativas, productivas y de fuerza mayor", destinado a extinguir 286 de los 594 puestos de empleo sujetos a los servicios de mantenimiento. Tras la correspondiente negociación durante el periodo de consultas, el pasado 24 de noviembre, la compañía y el comité de empresa aprobaron un acta final que reducía a 150 el número de empleos a destruir, toda vez que el acuerdo estaba respaldado por los representantes de UGT y CCOO en el comité de empresa, pero la organización sindical USO se había desligado de tal pacto.

Merced a este expediente de regulación de empleo, los trabajadores acogidos al procedimiento recibirían la indemnización máxima legalmente fijada de 45 días por año trabajado, si bien aquellos que hubiesen cumplido los 55 años de edad serían prejubilados. 

La autorización de este expediente de regulación de empleo, librada el 9 de diciembre por la delegada provincial de la Consejería de Empleo, Aurora Cosano, refleja que dicho departamento había solicitado previamente a la Inspección provincial de Trabajo y Seguridad Social diversos informes en cuanto a este procedimiento, cosechando de dicho departamento del Servicio Público de Empleo Estatal tres informes emitidos los días 25 y 26 de noviembre y 2 de diciembre de 2010. 

Examen de los contratos

En el informe correspondiente al 2 de diciembre, siempre según este documento de la Delegación provincial de la Consejería de Empleo, la Inspección provincial de Trabajo y Seguridad Social señalaba que "examinados los contratos de trabajo de los 150 trabajadores potencialmente afectados y contrastadas las altas y las bajas, se ha detectado que 31 empleados causaron baja en la empresa con anterioridad al acuerdo suscrito". Tal "irregularidad", según la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, "constituye un indicio racional de fraude".

No obstante, la propia autorización del ERE recoge, merced a los informes de la Inspección provincial de Trabajo y Seguridad Social, que el 1 de diciembre de 2010, la compañía y el comité de empresa habían ratificado el acuerdo contenido en el acta final pero "solicitando la exclusión del listado de contratos a extinguir los correspondientes a los trabajadores que ya no prestaban servicios a fecha del 23 de noviembre", lo que reducía a 119 el número de empleados potencialmente acogidos al procedimiento. 

A tal efecto, la resolución que autorizaba el ERE precisa que "si bien en un primer momento" la Inspección de Trabajo y Seguridad Social "advertía una irregularidad que podría viciar el contenido del acuerdo, todos los firmantes del acuerdo se ratificaron en el mismo solicitando la exclusión" de aquellos trabajadores que ya no prestaban servicios en la base aérea cuando se materializó dicho pacto. "Ha de entenderse, siguiendo en este extremo el informe de referencia, que han sido subsanadas las deficiencias puestas de manifiesto", zanja este documento.