La juez Alaya investiga en el Ayuntamiento de Algeciras una ramificación del caso Madeja

Agentes de la Guardia Civil acudieron ayer al Ayuntamiento de Algeciras por orden de la juez Mercedes Alaya para investigar una ramificación algecireña del caso Madeja. En concreto, la denuncia de que ediles del gobierno de coalición que en ese momento tenía la ciudad (PSOE e IU), supuestamente cobraron comisiones ilegales a cambio de adjudicar las instalaciones deportivas de El Calvario a la empresa Body Factory, participada por el entramado que se investiga en el caso Madeja.

Según la denuncia, se habrían realizado pagos de dinero en metálico en cajas de zapatos a concejales de ambos partidos. Esos supuestos abonos habrían sido hechos por parte de las empresas investigadas en el caso, Fitonovo y Fiverde, que poseen el 49% de Body Factory, el 26% y el 23%, respectivamente.

Los agentes fueron atendidos por el secretario general del Ayuntamiento, quien por orden del alcalde, José Ignacio Landaluce, del PP, custodia la documentación que el Ayuntamiento conserva de la adjudicación del complejo deportivo.

El actual gobierno municipal, tras trascender la ramificación algecireña del caso Madeja, ordenó hace unos meses custodiar los expedientes y comunicó a la juez Alaya que todos los expedientes estaban a su disposición. Además de la documentación custodiada en la Secretaría, la Benemérita pidió otra que estaba en los departamentos de Urbanismo, Contratación y Deportes.

Cuando se produjo la adjudicación, el gobierno PSOE- IU estaba presidido por el alcalde socialista Tomás Herrera y los ediles responsables de las concejalías de Urbanismo, Contratación y Deportes eran Diego Sánchez Rull, Gabriel Orihuela -ambos del PSOE- y Julio Martínez Fírvida, de IU, respectivamente.