La salida de la Diputación de Fibes aún no es oficial ocho meses después

Ocho meses después de que la Diputación anunciara que había un acuerdo con el Ayuntamiento de Sevilla para materializar su salida de Fibes (la empresa que, con las dos administraciones y la Cámara de Comercio, gestionó el palacio de congresos de la capital antes de su ampliación) y del consorcio (en el que están al 50% Ayuntamiento y la Diputación, propietarias del edificio antiguo), éste no se ha materializado y, por tanto, jurídicamente, la salida de la Diputación -que el presidente, Fernando Rodríguez Villalobos (PSOE), lleva reclamando desde hace años- no es oficial todavía.

El portavoz del gobierno socialista, Manuel Domínguez, ha reconocido la "preocupación" por que no se avance, mientras que desconocen cómo va la gestión, "cómo corren los números" y qué responsabilidades tendrían ante cualquier imprevisto. Además, se está prácticamente al final del ejercicio y del mandato -las elecciones municipales son el 24 de mayo-, con lo que no descarta que, si no hay novedades, el gobierno opte por hacer una "liquidación unilateral" para irse, algo que tendría que aprobarse en Pleno, pero que implicaría que el acuerdo alcanzado en marzo quedase en papel mojado. Un juez tendría que decidir finalmente sobre la liquidación.

En concreto, en el último consejo de administración de Fibes, en marzo, se repartió el déficit entre el Ayuntamiento, la Cámara de Comercio y la Diputación, a la que le correspondieron 1,4 millones de euros. Pero esa liquidación está todavía pendiente de inscripción ante notario y tampoco es oficial, con lo que teóricamente la Diputación sigue siendo responsable, aunque asegura no tener información al respecto sobre la gestión (personal, proveedores...).

La inscripción estaba sujeta a la liquidación, a su vez, del consorcio que tienen los dos propietarios del edificio antiguo al 50%. En este sentido, Domínguez recordó que, según el acuerdo, el saldo en el consorcio a favor de la Diputación es de 700.000 euros, porque pagó parte de las obras de ampliación. Pero en todos estos meses no se ha convocado la junta general del mismo (hay diez miembros de la Diputación, diez del Ayuntamiento y la preside el alcalde, Juan Ignacio Zoido) para aprobarlo. Según el pacto al que se llegó para que la Diputación dejara de participar en la gestión del Palacio de Congresos, siguiendo la apuesta de Villalobos de centrarse en los municipios más pequeños, era que ambas cantidades se compensaran. La deuda de la Diputación quedaría en 800.000 euros que saldaría alquilando al Ayuntamiento la mitad del edificio antiguo que le pertenece, durante una década, a 80.000 euros al año.

Domínguez asegura que también se contemplaba que se cedieran a la Diputación espacios en el Palacio de Congresos, que ahora gestiona la nueva empresa del Ayuntamiento Contursa (Congresos Turísticos S.L.) y que durante esos diez años estaría exonerada de los gastos de conservación.

El portavoz socialista no admite que estén al tanto de otros problemas, tan sólo que el Ayuntamiento quiso que fuera ese consorcio, antes de liquidarse, el que recepcionara las obras. La Diputación defendió que era mejor que lo hiciera directamente el Ayuntamiento, para evitar un paso intermedio. "No sabemos si el edificio nuevo está recepcionado, ni si lo gestiona todo Contursa o la propia Fibes, ni la situación de los trabajadores", apostilló.