La oposición pide la retirada del nuevo plan de atención temprana

Los cuatro grupos parlamentarios de la oposición se unieron ayer para registrar una Proposición No de Ley pidiendo la derogación del nuevo plan andaluz de atención temprana, que se centra en el tratamiento de los niños de cero a 6 años que sufren alguna discapacidad o trastorno del desarrollo (parálisis cerebral, espina bífida, retraso madurativo, autismo, síndrome de Down y Asperger). Además, el Partido Popular, Ciudadanos, Izquierda Unida y Podemos reclaman a la Junta el "abono inmediato" de la deuda que la Consejería de Salud mantiene con las entidades sin ánimo de lucro y centros encargados de estos tratamientos. Una deuda que, según la Plataforma ciudadana Atención Temprana Andalucía, asciende a 2,7 millones de euros en el caso de la provincia de Sevilla, cerca de 5,5 millones en toda Andalucía.

El sevillano Antonio Guerrero, abuelo de un niño de 3 años con trastorno específico del lenguaje (TEL), inició hace algo más de un mes junto a un pequeño grupo de madres una cruzada contra el nuevo sistema de financiación de los Centros de Atención Infantil Temprana (CAIT) que plantea la Junta para el próximo curso. Ayer, apoyado por una plataforma ciudadana formada por padres afectados y asociaciones sin ánimo de lucro de toda Andalucía, Guerrero acompañó a las parlamentarias Alicia Martínez (PP), Marta Bosquet y Marta Escrivá (C's), Inmaculada Nieto (IU) y Esperanza Gómez (Podemos) al registro de la Proposición No de Ley. dedicada a la atención temprana".

Los CAIT tienen hasta hoy para adherirse al nuevo sistema de conciertos que, según el acuerdo marco, establece el pago de 12 euros por niño y sesión, cuando, según la plataforma, el coste de una sesión de 45 minutos es de 27 euros; además de contemplar un porcentaje de absorción de demanda del 10%. Asociaciones como Asedown o Asperger Sevilla consideran las nuevas condiciones "inasumibles" desde el punto de vista económico. En este sentido, Guerrero alerta de que en los centros que no se adhieran a estas condiciones no dispondrá de plazas públicas a partir de septiembre.

Según explica el portavoz de la plataforma ciudadana, el acuerdo marco aprobado por la Junta tampoco contempla la multidiscapacidad, es decir, "si un niño necesita más de una terapia específica, la Junta sólo paga una, el resto de terapias tendrán que pagarlas los padres". Algo que resulta contradictorio, ya que la Junta también prohibe el copago. "Los niños son nuestros, ni de los CAIT ni de la Junta. Y si la situación no cambia, sacaremos a los niños a la calle, a la puerta del despacho de la presidenta, si hace falta. Y a mí no se me caerá la cara de vergüenza, se les caerá a ellos por no hacer nada", exclama Antonio Guerrero.

El consejero de Salud, Aquilino Alonso, fue preguntado también por Podemos sobre este tema en la Comisión de Salud celebrada por la mañana. Alonso aseguró que el 93% de las entidades sin ánimo de lucro que participan en el programa de Atención Temprana de la Junta han firmado ya los convenios que la plataforma ciudadana rechaza. No obstante, algunas de estas entidades confirman que han presentado, al mismo tiempo, un recurso alegando que "las condiciones del acuerdo marco se han modificado sustancialmente si que se haya seguido el procedimiento legalmente establecido", pidiendo "el contrato inicial suscrito por ambas partes" en 2014.

La Junta defiende su programa alegando que el presupuesto se ha multiplicado por ocho desde su puesta en marcha en 2003. Además, confirma que Salud ha mantenido "numerosas reuniones" con las entidades que representan a la población afectada por trastornos para abordar el acuerdo marco, sobre todo con el Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi Andalucía) y la Confederación Andaluza de Organizaciones a favor de las Personas con Discapacidad Intelectual (FEAPS Andalucía).