La oferta pública de guarderías cubre el 35% de la población infantil

Arranca el curso para los más pequeños. Las guarderías abrieron ayer sus puertas tras el breve paréntesis de agosto, el único mes que cierran y por el que antes recibían dinero de la Junta por los servicios prestados como si fuera un mes hábil. Hace años que dicha mensualidad fue sustituida por una ayuda de mil euros por aula, ingreso que aún no ha llegado a los titulares de las escuelas. Es el único débito pendiente en este inicio de curso para los niños de 0 a 3 años. La Consejería de Educación garantiza una plaza sostenida con fondos públicos para el 35% de esta población infantil en Sevilla tras incrementar la oferta con 837 puestos más.

Se acabaron las vacaciones. Llega septiembre y con él la rutina diaria. El día en el que miles de padres se incorporaban a sus puestos de trabajo, abrían las escuelas infantiles, cuyo fin no sólo es el de la conciliación familiar, sino también el de preparar a los niños con edades comprendidas entre los 0 y 3 años para su futuro ingreso en los colegios. La provincia de Sevilla cuenta este curso con 365 centros infantiles. De ellos, la mayoría (el 64%) son de titularidad privada, mientras que 92 pertenecen a los ayuntamientos y sólo en 39 (un 10%) la titularidad recae sobre la Junta. En total, la oferta financiada con fondos públicos la integran 22.872 plazas. Con esta cifra se superan los requisitos exigidos por la Unión Europea para dicha población infantil, pues la Administración autonómica -sobre la que recaen las competencias educativas- ha de garantizar que el 33% de la población con dicha edad tenga acceso a una plaza de guardería. En la provincia de Sevilla, según aseguró ayer el delegado territorial de Educación, Francisco Díaz, el porcentaje se eleva al 35%.

Este logro se ha conseguido tras las firmas de numerosos convenios desde que las competencias en las escuelas infantiles recayeron en la Consejería de Educación, pues hasta 2008 dichos centros eran responsabilidad de Igualdad y Asuntos Sociales. No en vano, desde el curso 2008/09 la oferta pública se ha incrementado en un 50%.

Sin embargo, esta expansión no ha sido todo lo satisfactoria que se preveía. Hay más plazas, pero muchas se encuentran vacías por falta de planificación, según critican los propietarios de los centros, que llevan tiempo alertando de la bajada de la demanda por el descenso de la natalidad como consecuencia de la grave crisis vivida estos años. El delegado de la patronal CECE en Andalucía, Rafael Caamaño, hace hincapié en la necesidad de elaborar un mapa en el que se localicen las zonas donde repuntan las solicitudes con el fin de saber dónde hay que abrir nuevos centros o conveniarlos. Así se evita que muchas escuelas no logren llenar las aulas, circunstancia que agrava la complicada situación económica de las escuelas, cuya financiación depende de las plazas ocupadas y no de las aulas, como en el concierto de los colegios.

El precio de la plaza pública supone otra de las reclamaciones del sector, pues desde 2009 sigue fijado en 278,88 euros (incluido el servicio del comedor), cantidad que el sector considera insuficiente, pues sólo cubre -según el presidente de la Coordinadora de Escuelas Infantiles, Emilio Fuentes- el 65% del coste real de la plaza de guardería. Pese a no ser un servicio gratuito, nueve de cada diez niños sevillanos reciben algún tipo de bonificación por parte de la Junta en función de las circunstancias económicas y sociales de sus familias. El 40% de los escolares tienen acceso totalmente gratuito a una escuela infantil.

El dinero de estas ayudas es el que reciben los titulares de los centros o las empresas que las gestionan. A lo largo de los últimos años se han vivido episodios de asfixia financiera ante los retrasos de la Administración autonómica a la hora de abonar las mensualidades. La Junta defendió ayer que comenzaba el curso poniéndose al corriente de los pagos. No obstante, aún está pendiente el abono de la ayuda de 1.000 euros por aula, un pago que sustituyó a la mensualidad de agosto, el único periodo en el que las guarderías cierran. Los titulares aseguran que debería haberse ingresado en julio, mientras que el Gobierno andaluz promete que se pagará en otoño.