La gestión municipal tropieza en los tribunales

La gestión municipal del alcalde de Sevilla, Alfredo Sánchez Monteseirín, ha derivado en los últimos cinco años en una veintena de resoluciones contrarias al Ayuntamiento, lo que ha repercutido en muchas ocasiones en las arcas municipales, al estar acompañadas las condenas del pago de cuantiosas indemnizaciones.

Las sentencias más destacadas que son contrarias al Ayuntamiento han sido dictadas en su mayor parte por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), en respuesta a los recursos presentados principalmente por ciudadanos particulares o por asociaciones y empresas privadas. De las 20 condenas registradas en este período, la mayor proporción -ocho casos- está relacionada con la actuación de un servicio municipal, como la condena a pagar medio millón por la "negligencia" de la Policía Local a la hora de responder a la alarma por el robo en la joyería Román. En otros casos, la Justicia ha cuestionado los contratos del Ayuntamiento para la gestión privada de determinados servicios, como el de retirada de vehículos de la calle por parte de la grúa municipal o las facultades atribuidas por el Consistorio a los trabajadores municipales: la posibilidad de sancionar por parte de los técnicos de Lipasam o de Aussa en la zona azul.

Otros reveses judiciales están marcados por la política urbanística, la contratación de personal por parte del Ayuntamiento y la omisión de sus obligaciones en la lucha contra el problema de la movida juvenil. En este último caso, destaca la indemnización de 24.000 euros concedida a una vecina que soportó durante tres años una botellona junto a su casa.

En materia urbanística, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA, que preside el magistrado Antonio Moreno Andrade, ha sancionado con vehemencia conductas que, en algún caso, el tribunal no ha dudado en calificar de "verdadero fraude urbanístico", como ocurrió en la sentencia que anuló el acuerdo municipal por el que se cedió a la Comunidad Islámica una parcela para la construcción de una mezquita en el barrio de Los Bermejales.

En otros casos, el Alto Tribunal ha reprochado al Ayuntamiento que invadiera competencias estatales, como sucedió recientemente con el acuerdo contra la siniestralidad laboral, que fue anulado en sus aspectos principales porque el Consistorio carecía de competencia para regular aspectos nuevos en esta materia.

La veintena de condenas más sobresalientes que se han registrado en este período contrastan con la escasa aceptación por parte de los tribunales de los planteamientos municipales. El Consistorio pierde en los juzgados el triple de sentencias que gana. Desde junio de 2003, sólo hay seis casos destacados, de los cuales el más trascendental para los intereses de la ciudad es el pleito por la cesión de Los Gordales, en el que a pesar de contar con un fallo favorable se mantiene la incertidumbre respecto a un proyecto vital como es el de la Ciudad de la Justicia, dado que el Estado ha recurrido ante el Tribunal Supremo.

El Ayuntamiento de Sevilla mantiene abiertos en la actualidad otros tantos frentes judiciales que pueden acarrearle nuevos varapalos en el futuro.