Un auténtico clamor. Así se puede calificar el rechazo generalizado y contundente de los docentes de la Universidad de Sevilla a la nueva normativa que reconoce el derecho de los alumnos sorprendidos copiando a terminar su examen. Una repulsa a la que se unió ayer el propio consejero de Innovación de la Junta de Andalucía, Martín Soler. El máximo responsable de las universidades públicas andaluzas llegó a decir que la normativa es un "disparate" y un "error" y afirmó, en declaraciones a Efe, que "no deben compararse democracia y anarquía". Mayor descalificación no se podía esperar.

Lo cierto es que en los pasillos, departamentos y cafeterías de la Hispalense apenas se hablaba ayer de otra cosa. Los responsables de comunicación de la Universidad recibían llamadas de numerosas radios españolas e, incluso, italianas y portuguesas, y los telediarios incluían la noticia en titulares. La propia web de este periódico registró más de un centenar de comentarios, algo completamente insólito en las noticias de corte universitario. Con mayor o menor justicia, la llamada Normativa Reguladora de la Evaluación y Calificación de Asignaturas sirvió de carne de polémica para tertulias y columnistas.

Fundamentalmente, los docentes consultados por este periódico critican dos aspectos de la normativa: que socava aún más la autoridad de los profesores en el aula y que multiplica la burocracia innecesariamente.

El catedrático de Historia Rafael Sánchez Mantero, un hombre conocido por la moderación de sus opiniones, fue ayer especialmente duro al afirmar que "en 40 años de carrera universitaria, es la primera vez que he sentido vergüenza de pertenecer a la Universidad de Sevilla. Hemos sido el hazmerreír en los medios de comunicación y me han llamado compañeros de otras partes de España. Todo en unos momentos en los que aspiramos a ser Campus de Excelencia". Según el historiador, la norma es una "barbaridad" de la que "nos hemos enterado por la prensa. Mis propios estudiantes estaban ayer sorprendidos cuando lo comenté en clase".

En esta línea abundaba Adolfo González, portavoz del PP en la comisión de Universidades en el Congreso de los Diputados y profesor titular de la Hispalense. "Es inconcebible que un profesor que sorprenda a un alumno copiando no pueda echarlo del aula. Por lo general, cuando se toma esta decisión se está muy seguro, no se hace sin pruebas suficientes".

Además de lo dicho anteriormente, el consejero Martín Soler, quien afirmó que "respeta la autonomía de la Universidad de Sevilla", insistió en que se sentía "sorprendido para mal", además de que esta norma "favorece a los que hacen trampas y no a la autoridad del profesor". "Esta regla no es el camino adecuado. No comprendo cómo la Hispalense ha llegado a una situación tan disparatada como ésta".

Más moderado en el tono, aunque también muy crítico, estuvo el profesor de Biología y conocido investigador en Genética Sebastián Chávez, quien advirtió del "exceso de normativa" que se detecta últimamente en la Hispalense, algo que "también ocurre en otras universidades". Asimismo criticó el que se establezca una normativa para los exámenes tradicionales en unos momentos en los que "se supone que se debe avanzar hacia un modelo de evaluación continua en la que se valore más el trabajo sostenido que los contenidos memorísticos". "Si hiciéramos caso a los reglamentos pasaríamos más tiempo en las comisiones que en los laboratorios", ironizó.

Por su parte, el profesor en la Escuela de Arquitectura Julián Sobrino piensa que es un "dislate" el que los profesores no tengan la capacidad de expulsar a un alumno si tienen "sospechas más que fundadas" de que está copiando. El catedrático de Derecho Enrique Ojeda asegura que "cuando un profesor se decide a montar el numerito en medio de un examen y expulsar a un alumno tiene muy claro que está copiando, no sólo una mera sospecha". Según Ojeda, esta norma terminará provocando "laxitud" en los profesores, que "no denunciarán a los copiones para evitar la burocracia y tener que enfrentarse a una comisión".

Por su parte, la Universidad se limitó ayer a comentar que tendrá en cuenta la "opinión de la comunidad universitaria" y que la norma fue aprobada en Consejo de Gobierno, donde "están representados todos los sectores".