La afección que podría tener el recorte presupuestario del Gobierno central en las obras previstas del Plan 5.000 (la segunda parte del denominado Plan E) inquieta a los constructores y promotores de Sevilla agrupados en Gaesco porque, a estas alturas, todavía quedan pendientes de adjudicación definitiva un 43,7% de los 80 proyectos incluidos en estas inversiones estatales, según la información que ofrece la Gerencia de Urbanismo por internet en el mismo enlace del primer fondo (www.sevilla.plan8000.org). Hay que irse a la pestaña "perfil del contratante" para ver el detalle de los proyectos licitados, adjudicados provisional y definitivamente.

La patronal teme sobre todo que se puedan quedar en el camino las obras que aún no se han licitado, ya que consideran que las que han salido a concurso y están adjudicadas provisionalmente no deben sufrir cambio alguno sobre lo previsto. De lo contrario, la Administración tendría que meterse en litigios contra las empresas, algo que no se contempla.

En el Plan 5.000 de Sevilla, dotado con 63,8 millones (sin contar los 11,8 millones para gasto corriente) hasta el día de ayer las obras adjudicadas definitivamente son 45, valoradas en 26,8 millones como máximo y que representan el 56,2% del total de proyectos. En el trámite más avanzado destacan el Antiquarium de la Encarnación (la de mayor cuantía con 4,7 millones), el aula bioclimática del Jardín Americano de la Cartuja, las mejoras de aseos y pintura en los colegios públicos, así como de patios; el centro de mayores del Polígono San Pablo, la nueva sede del distrito Macarena Norte, la adecuación del Instituto San Jerónimo como centro de talleres de mayores y la construcción de dos pistas de pádel en nueve centros deportivos de los barrios.

En Seguridad Ciudadana, también está cerrada la adjudicación de la futura sede de la unidad ciclista de la Policía Local. Otras obras son las pantallas antirruido de la barriada Jesús, María y José, y el balcón paisajístico de la calle Betis.

La obra clave que sigue pendiente de adjudicación es el intercambiador del tranvía en la estación San Bernardo y el proyecto de construcción de las instalaciones de la línea del tranvía hasta San Bernardo, ambos licitados en abril. En trámite de licitación también figuran la remodelación del entorno de Plaza de Armas, el proyecto de los jardines de Cristina y la peatonalización del entorno, así como el carril exclusivo para transporte público desde Luis Montoto a la Ronda del Tamarguillo.

El consejo de ministros de este jueves debe aclarar con exactitud si el recorte afecta a los últimos proyectos del Plan E.

Otro punto que preocupa a los constructores y promores de Gaesco son las deudas que siguen manteniendo las administraciones por obras encargadas a constructoras que no han llegado a pagarse. El último caso denunciado ha llevado a un empresario del sector a encerrarse en el Ayuntamiento aljarafeño de Castilleja de Guzmán para reclamar una deuda de casi 600.000 euros que data de 1998.

Sobre este punto, la patronal se propone que los ayuntamientos más morosos de Sevilla, como el de Castilleja de Guzmán, paguen las deudas pendientes con empresas con los fondos estatales, aunque el gremio es consciente de que esta reclamación es imposible para el Plan 5.000 porque plantea el problema legal de que habría que reformar el Decreto que regula esos fondos (destinados a obras, no a cubrir deudas).

Gaesco recalca, en cualquier caso, que, si los fondos del Plan 5.000 no pueden cambiar su objetivo, se cumpla esta reclamación en las siguientes ayudas que el Estado o la Junta concedan para aliviar las maltrechas arcas municipales. "No es justificable que un ayuntamiento reciba nuevos fondos públicos, si no cumple primero con sus obligaciones de pago", protesta Manuel Sillero, gerente de Gaesco.

La patronal insiste en que la situación de la constructora de Castilleja de Guzmán (a cuyo responsable en huelga de hambre respaldará hoy) "no es un caso aislado, sino que afecta a un elevado número de empresas sevillanas, que no pueden adoptar posiciones de fuerza ante los ayuntamientos porque temen perder las pocas oportunidades que tienen de cobrar e incluso de seguir trabajando para ellos. Las empresas son esclavas de esta espiral y prolongan situaciones de morosidad humillante porque no tienen otra salida", añade Sillero.