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Lopera, otra vez 'sub iudice'

  • La Fiscalía presenta una denuncia en el juzgado por un delito societario · Considera que el mandatario verdiblanco "descapitalizó" el Betis en beneficio propio o de un tercero

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Dos años después de que Lopera asumiera dos condenas por delito contra la Hacienda Pública, el máximo mandatario verdiblanco vuelve a encontrarse a las puertas de una nueva causa judicial.

La Fiscalía de Sevilla le ha denunciado ahora en el juzgado de Guardia por un delito societario, al estimar que existen indicios de que Manuel Ruiz de Lopera ha "descapitalizado" el Betis en "beneficio propio o de un tercero", una operación que se habría llevado a cabo a través de la entidad Encaje del Deporte (Encadesa).

La denuncia del Ministerio Público, presentada el pasado Lunes Santo y cuya investigación ha recaído en el juzgado de Instrucción número 6 de la capital hispalense, sostiene que Lopera, en calidad de consejero delegado o administrador de hecho o de derecho del Real Betis, "con abuso de las funciones de su cargo, ha contraído obligaciones en perjuicio de la entidad que representa o de sus socios". La supuesta "descapitalización" del Betis apreciada por la Fiscalía la habría ejecutado Encadesa, sociedad que "tiene atribuida la exclusividad de negociar, firmar, gestionar y cobrar todos los ingresos que se produzcan por la actividad del Real Betis Balompié". Para el Ministerio Público, esta entidad "gestiona sin transparencia los fondos del club deportivo" y, además, es "financiada" por el Betis.

La Fiscalía pone de manifiesto asimismo que en los últimos ejercicios económicos (2004-2005 y 2005-2006), el Betis acumuló pérdidas que superan los 11 millones de euros, mientras que las deudas con la Hacienda Pública en la temporada 2007-2008 ascienden a 8,29 millones, según los datos que hizo públicos el Ministerio Público.

La Fiscalía concluye que, sin perjuicio del resultado de la investigación que realice el juzgado, los hechos pueden ser constitutivos de un delito societario, que recoge el artículo 295 del Código Penal, que castiga con penas de entre seis meses y cuatro años de cárcel, y multa de hasta el triplo del beneficio obtenido a los administradores que "con abuso de las funciones propias de su cargo, dispongan fraudulentamente de los beneficios de la sociedad o contraigan obligaciones a cargo de ésta causando directamente un perjuicio económicamente evaluable a sus socios".

La actuación del fiscal se produce en el marco de unas diligencias de investigación abiertas a raíz de la denuncia presentada en la Fiscalía General del Estado por la asociación Béticos por el Villamarín y que encuentra a su vez su fundamento en una sentencia de la Audiencia Nacional que desveló la presunta relación fraudulenta del Betis con Tegasa, la sociedad que gestionaba con anterioridad los derechos del club y que, según Béticos por el Villamarín, fue sustituida por Encadesa tras la condena por dos delitos fiscales. Los denunciantes implicaron al máximo accionista en un delito societario por "autocontratación", al entender que Lopera "confundió el patrimonio del Real Betis con el suyo, para lo cual ha confeccionado una maraña empresarial tendente a su lucro". La sentencia de la Audiencia Nacional puso de manifiesto que Tegasa no realizaba una actividad económica propia y concluía que "más que financiar al club, era éste quien financiaba a Tegasa".

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