Coyuntura La economía doméstica y la vivienda, protagonistas del arranque del nuevo Ejecutivo

El Gobierno permite a las familias ampliar gratis el plazo de las hipotecas

  • Todas podrán acogerse a la reducción de su cuota mensual a cambio de pagar más años · Once medidas estimularán el PIB este año hasta en tres décimas · Solbes suprime el Impuesto de Patrimonio

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El Gobierno tiene un plan para hacer frente a la actual desaceleración económica y paliar sus efectos sobre familias y empresas. Lo desgranó ayer el ministro de Economía, Pedro Solbes, que presentó un paquete de 11 medidas con las que el Ejecutivo pretende estimular el crecimiento del PIB en dos o tres décimas este año. Con estas actuaciones, el Gobierno calcula que se inyectarán 10.201 millones de euros a la economía española este año, aunque siempre con la "condición fundamental de mantener la estabilidad presupuestaria", según señaló el vicepresidente.

El conjunto de actuaciones, y especialmente la rebaja fiscal de 400 euros para asalariados, pensionistas y autónomos (que absorberá 6.000 de los 10.000 millones), podría estimular un crecimiento que, debido a la actual coyuntura, se va a revisar a la baja antes de tiempo, rompiendo así con el calendario oficial de previsiones macroeconómicas que el Gobierno socialista ha mantenido hasta ahora, con sólo dos estimaciones al año, en julio y en diciembre.

Solbes aseguró en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que estas medidas son "coherentes" con el compromiso del Ejecutivo de mantener el equilibrio en las cuentas públicas, un "elemento importante para la credibilidad en el exterior". Asimismo, recordó que estas iniciativas persiguen buscar soluciones a los problemas de liquidez de las empresas y familias, aunque "sin suplantar al mercado".

Aunque la rebaja de 400 euros es la principal medida dirigida a los hogares, el Gobierno también aprobó la ampliación gratuita del plazo del pago de las hipotecas, en principio pensada sólo para las familias con mayores dificultades económicas, aunque finalmente se extiende a todos los ciudadanos que la soliciten a partir de mayo.

En el decreto ley aprobado ayer, que recoge la mayoría de las actuaciones fiscales, se incluye la supresión de la parte que cobraba la Administración en la ampliación del plazo hipotecario -la del impuesto sobre actos jurídicos documentales- y todavía se tiene que cerrar el acuerdo con entidades financieras, notarios y registradores para que eximan del cobro de sus respectivas comisiones.

El Gobierno también flexibiliza el Plan de Recolocación, dirigido en principio a los desempleados de la construcción, y al que podrán acogerse todos los parados. Además, se ofrecerá durante tres meses una ayuda de 350 euros a los desempleados que no cobren ninguna otra prestación, y asumirá gastos de desplazamiento, alojamiento y guarderías para los que acepten un empleo a más de cien kilómetros de su residencia.

Otras de las medidas aprobadas pretenden impulsar al sector más afectado por la desaceleración, la construcción. Así, para promover la rehabilitación de viviendas, se mejora su tratamiento fiscal, al excluir el precio suelo del porcentaje requerido en el montante de una obra para considerarla rehabilitación. También se impulsa de forma decidida la construcción de VPO (ampliación de 2.000 millones, hasta 5.000 millones, de la línea de financiación del ICO). Por otro lado, se contempla también la agilización de la obra pública.

Para ayudar a las empresas, también se amplía el presupuesto para avalar las titulizaciones de créditos a pymes (de 1.000 a 3.000 millones). Las empresas se beneficiarán al mismo tiempo de una inyección de liquidez al poder reclamar mensualmente las devoluciones por el IVA. Finalmente, habrá que esperar a 2009 para que sea efectiva la supresión del Impuesto sobre el Patrimonio, con efecto retroactivo desde enero de este año y que ahorrará 1.800 millones a cerca de un millón de contribuyentes.

Reacciones hubo para todos los gustos. El PP tachó las medidas de "deslavazadas e inconexas" y Funcas advirtió que son "insuficientes", mientras que Adicae no dudó en considerarlas "decepcionantes". Los sindicatos se mostraron más condescendientes.

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