La OCDE reduce el crecimiento de España hasta el 1,6% en 2008 y 1,1% en 2009

  • La OCDE ha rebajado en nueve décimas sus previsiones de crecimiento para España en 2008, siendo el mayor desplome entre los grandes países miembros

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La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) divulgó hoy su revisión semestral de perspectivas económicas, que rebajan sustancialmente el crecimiento de los países miembros para este año y más aún para 2009 respecto al informe de diciembre.

Esas estimaciones quedan lejos de las del Gobierno español, que mantiene como cifra oficial una progresión del 2,3% en 2008 -ayer el ministro de Economía, Pedro Solbes, ya advertía de que se podía quedar en el 2%-, e incluso del 2,2% augurado por la Comisión Europea en abril.

De cumplirse las estimaciones, por primera vez desde la creación de la moneda única el PIB español aumentaría menos que la media de la eurozona, para la que los autores del informe, que también recortan sus expectativas, aventuran un 1,7% este año y un 1,4% el próximo.

Su análisis es que, al menos hasta que no concluya 2009, no hay que esperar una mejora respecto de la "atonía" constatada en el primer trimestre de 2008, cuando el ritmo interanual de expansión se ralentizó hasta el 1,2%.

La razón es que el retroceso en el mercado de la vivienda, donde han disminuido los permisos de construcción, precios y créditos hipotecarios (un 25% en ritmo anual), se ha repercutido en la demanda interior.

Las supresiones de empleo en la construcción, que han elevado el número de parados, han dado al traste con la confianza de los consumidores, indica la OCDE.

Eso se ha visto en los descensos de las ventas de coches o incluso en una evolución negativa de los servicios y la producción manufacturera y "sugiere que la ralentización va a acentuarse".

Y además la inflación no ha dejado de crecer y se situaba en el 4,2% en términos interanuales en abril, con la particularidad de que el diferencial con la zona euro -indicador de pérdida de competitividad- ha vuelto a colocarse en más de un punto.

Las subidas del petróleo y de los alimentos se traducirán en un nuevo repunte de la inflación en los próximos meses, con una media del 4,6% en 2008 y del 3% en 2009.

La OCDE preconiza suprimir la indexación de los salarios con la inflación pasada para reducir el coste en términos de empleo en el contexto actual, teniendo en cuenta que prevé que el paro, que era del 8,3% de la población activa de media en 2007, crecerá hasta el 9,7% este año y hasta el 10,7% el próximo.

Avanza un agravamiento de la contracción de la inversión inmobiliaria, como en máquinas y equipamientos, y los planes para desarrollar las obras públicas sólo podrán compensarlo en parte.

Sobre las finanzas públicas, que habían cerrado 2007 con un superávit del 2,2%, mejor del previsto, se prevé una inflexión, ya que los ingresos van a disminuir probablemente por la ralentización económica, mientras la orientación del gasto anunciada por el gobierno es expansionista para este año.

Así, con la rebaja fiscal, las nuevas prestaciones para familias con hijos a cargo, las inversiones en infraestructuras y las ayudas a la compra de viviendas sociales, el superávit se limitará en 2008 al 0,7% del PIB y en 2009 la OCDE aventura un déficit del 0,3%.

El conocido como "Club de los países desarrollados" constata que los bancos españoles no han sufrido pérdidas como consecuencia de la crisis "subprime", pero alerta de su "fuerte" exposición a los riesgos derivados del sector inmobiliario.

La situación es más comprometida para las cajas de ahorro, que no pueden salir a financiarse al exterior con tanta facilidad, lo que contribuiría a ralentizar el crecimiento del crédito.

La salida al mercado de más viviendas -que estaban en construcción cuando llegó el cambio de ciclo- seguirá pesando sobre los precios, con el impacto que eso tiene para las hipotecas.

La organización señala que ha aumentado "sensiblemente" el número de morosos, aunque su peso es "limitado" si se hace una comparación internacional o en términos históricos, y aconseja al gobierno que se oponga a las demandas de ayudas suplementarias a la vivienda.

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