La otra batalla de Trafalgar

  • Tres consorcios pugnan por el parque de aerogeneradores marinos de Cádiz, al que el Gobierno debe dar aún el visto bueno · Pescadores y tres consistorios se oponen

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Tres consorcios, liderados por los gigantes Acciona, Iberdrola y Capital Energy han presentado ya formalmente a la Administración sus proyectos para instalar parques de energía eólica en el mar de Trafalgar (Cádiz), según han confirmado fuentes de las tres compañías. Las propuestas suman más de 2.300 megavatios (MW) de energía verde, potencia que superaría a la central térmica de Arcos de la Frontera (1.600), y aspiran a situar a Cádiz al frente de esta industria en Europa. Su futuro, no obstante, se mantiene en el aire, entre el respaldo de empresarios y ecologistas y la oposición de los pescadores y de los ayuntamientos costeros de La Janda.

Es el Gobierno central el que se reserva la última palabra sobre los aerogeneradores en aguas de Cádiz. El Ministerio de Industria, afanado en su recomposición, deberá asumir esta legislatura las tareas de acabar la regulación del sector y determinar qué iniciativas son admitidas, si es que se acepta alguna, y cuáles desecha.

Las aguas de Trafalgar, a excepción de una franja ubicada a más de 40 kilómetros de la playa calificada como apta, pero inútil para los productores, han quedado designadas como espacio "con condicionantes medioambientales", es decir, como un área en la que "los efectos o conflictos deberán ser analizados en la fase posterior de diseño del proyecto", según las premisas incluidas en la evaluación ambiental.

El estudio, que deja los proyectos gaditanos a expensas de futuras decisiones, alienta a los productores porque no cierra puertas a los aerogeneradores en el mar, pese a la oposición de los consistorios de Vejer, Conil y Barbate, de la propia Diputación gaditana y de ciertos colectivos locales.

César del Campo, responsable del proyecto Mar de Trafalgar -con Acciona como principal accionista-, destaca la "satisfacción" de su equipo por cumplir, después de un decenio de trabajo, con "todas las exigencias marcadas por el Gobierno" . "El proyecto no afecta a la pesca, ni a las rutas marítimas, ni al paisaje, ni al turismo, tal y como demuestran todos los estudios científicos que manejamos", sostiene Del Campo, que confía en alcanzar el consenso solicitado por la Administración para aprovechar la energía eólica dominante en la costa.

El proyecto de Acciona, heredado por la multinacional tras la compra de EHN, es el más importante de Europa en generación de energía renovable en el mar, con una inversión de 2.500 millones de euros en un parque de 278 aerogeneradores que producirán unos 1.000 MW de potencia. Las máquinas son de tecnología andaluza, se ensamblarán en Barbate y estarán equipadas con jaulas para la cría de peces, según el plan, que prevé generar más de 6.000 empleos entre directos e indirectos.

Iberdrola, a través de su filial Iberdrola Renovables, también ha pedido al Gobierno espacios entre las costas de Conil y Barbate no especificados para instalar dos parques eólicos con una potencia unitaria de 498 MW. El plan no está tan desarrollado como el de su competidor Acciona. El presidente de la compañía, Ignacio Sáncuez Galán, admitió la semana pasada en Madrid que su planteamiento es a largo plazo y que la energía off-shore está a expensas de los movimientos del Gobierno.

La tercera compañía en ratificar sus planes en la Administración ha sido la española Capital Energy, que ha ajustado su propuesta hasta los 300 MW de potencia con 100 turbinas eólicas. Endesa y Grupo Elecnor son otras dos de las eléctricas con expectativas de sacar partido de los vientos del sur de Cádiz.

El Gobierno debe afrontar ahora la caracterización de cada área eólica marina con intereses de explotación. En este proceso, dirigido por la Dirección de Política Energética de Industria, se recopilarán "todos los informes emitidos por las instituciones afectadas por las previsibles afecciones de un parque sobre su entorno", entre las que se encuentran la actividad pesquera, la fauna, el turismo, el patrimonio o la seguridad, detalla la normativa. También se fija un límite a la energía evacuable.

La caracterización de áreas será importante para la Administración a la hora de seleccionar los proyectos. Si determina que Trafalgar no es apta para la instalación de aerogeneradores por su alto valor medioambiental, por ejemplo, difícilmente se admitirán proyectos en la zona. El Gobierno evitará que los parques se solapen en un mismo espacio, elegirá las mejores propuestas y concederá licencias a las empresas para que estudien al detalle el potencial del viento antes de desplegarse los aerogeneradores.

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