Cañamero, investigado por un delito de usurpación tras ocupar una finca

  • El juez considera que el candidato de Unidos Podemos por Jaén y la parlamentaria Carmen García Bueno dirigieron a un grupo de 12 personas para ocupar una propiedad de la Junta

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La Guardia Civil volvió ayer a la finca de Somonte, en Palma del Río, con un nuevo auto judicial de desalojo por un procedimiento de presunta usurpación en el que investiga a catorce personas. Entre ellas se encuentran el número uno de Unidos Podemos por la provincia de Jaén, Diego Cañamero, y la parlamentaria andaluza de la formación morada María del Carmen García Bueno, según el auto judicial al que ha tenido acceso este periódico. El lanzamiento de ayer se produce en virtud de un atestado instruido por la Guardia Civil el pasado 5 de junio, tres días después de que los agentes desalojaran la finca, propiedad del Instituto Andaluz de Reforma Agraria de la Junta de Andalucía, y tuvieran conocimiento de hechos que, de nuevo, podrían ser constitutivos de un presunto delito de usurpación inmobiliaria.

Tras este escrito, el 13 de junio el letrado de la Junta de Andalucía solicitó al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Posadas que librara oficio al Instituto Armado para un nuevo desalojo, una medida cautelar a la que no se opuso la Fiscalía y que se ejecutó ayer. Los agentes accedieron sobre las nueve de la mañana a la explotación y encontraron a ocho personas en el interior. "Ha sido un desalojo pacífico", describió uno de los ocupantes del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), José Manuel Reyes, quien reconoció que, desde el 2 de junio, la Guardia Civil ha realizado un seguimiento diario con visitas habituales y ha anotado la identidad de cuantas personas había en la finca y las matrículas de los vehículos.

A diferencia del lanzamiento anterior, ayer el desalojo se produjo sin aviso previo al sindicato. Los inquilinos, sin embargo, tuvieron una hora para alimentar el ganado y recoger sus enseres. La intervención fue exhaustiva, de manera que los agentes precintaron puertas y ventanas, describió Reyes. Fuentes del SAT aseguraron que han pedido varias reuniones con la Consejería de Agricultura, pero "siempre las posponen", y lamentaron que la Administración autonómica no les ha respondido acerca de qué proyecto tiene para estas tierras situadas en la carretera de La Campana, próximas a la provincia de Sevilla.

Desde el 11 de marzo de 2012, cuando accedieron por primera vez, los jornaleros se han encargado de cultivar la tierra con diferentes productos y este año, por primera vez, habían logrado sembrar las 400 hectáreas. El terreno fue desalojado por primera vez apenas 50 días después de su ocupación, y desde entonces el SAT mantiene un pulso con la Junta.

Hace dos semanas, el sindicato y el Ayuntamiento se reunieron para buscar un principio de acuerdo sobre esta situación. El alcalde, José Antonio Ruiz Almenara (PSOE), habló de estudiar la compra de Somonte, tasada en cinco millones de euros, o de ser cotitulares con la Junta.

En el nuevo auto del 16 de junio, el juez se basa en el atestado policial para determinar que el pasado 5 de junio, un grupo de personas "dirigidas" por el líder del SAT Diego Cañamero y la diputada andaluza de Podemos María del Carmen García Bueno "se dirigieron a la finca teniendo pleno conocimiento de que tres días antes se había producido el desalojo, por lo que pudieran existir indicios de un presunto delito de desobediencia a la autoridad". El auto judicial relata que, "tras violentar los candados de las puertas de acceso a la finca, accedieron a su interior y permanecieron allí, a sabiendas de que el desalojo judicial se había producido tres días antes". E insiste en que "los imputados y demás personas que ocupan la finca tienen conocimiento de que es propiedad ajena y que la ocupan contra la voluntad de sus propietarios", lo que, según el juez, "se desprende claramente de los hechos".

El juez expone que en el caso constan "todos los elementos del tipo penal" para considerarlo un delito de usurpación, entre ellos que no ha existido "violencia o intimidación" y que consta "la voluntad contraria de tolerar la ocupación por parte del titular del inmueble", la Junta de Andalucía, además de concurrir "dolo en el autor, que conozca la ajeneidad del inmueble y la ausencia de autorización del titular".

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