Roberto L. Blanco Valdés

"Cataluña nos lleva a la situación más grave del país desde el 23-F"

  • El Catedrático de Derecho Constitucional confiesa su admiración por la Constitución.

Comentarios 18

Roberto L. Blanco (La Estrada, Pontevedra, 1957) habla tan rápido como aquel bigotudo que anunciaba los Micro Machines. Disfruta explicándose y confiesa su admiración por la Constitución, apenas 35 años de vida frente a ancianitas como la degaullista (1958), la italiana (1947) o la estadounidense (1787). "Es sin duda la mejor de nuestra historia. El planteamiento no es qué hay que reformar en la Constitución para ponerla al día sino cuál de los problemas que tenemos no lo podemos resolver sin reformar la Constitución". 

-El laberinto territorial español (Alianza, 2014) es el título de su último libro, que formula por sí solo la primera pregunta.

-La descentralización ha ido siempre unida en España a la libertad. Cuando ha habido avances, en la I y II repúblicas y en 1978, se ha planteado el problema territorial. En la I República a través de una Constitución federal, en la II a través de un Estado integral que de hecho aprueba un Estatuto para Cataluña y en 1978 a través del Estado de las Autonomías.

-Nada es suficiente para el voraz nacionalismo.

-Siempre que ha habido descentralización, los partidos más directamente impulsores de la misma han sido un factor de inestabilidad política y constitucional. En 1978 se inicia un periodo de descentralización extraordinario que ha creado un Estado federal y sin embargo, contra toda lógica, esa profunda descentralización, que es comparable a la de los estados federales europeos, no resuelve el problema ni en el País Vasco, como demuestra el desafío secesionista de Ibarretxe, ni en Cataluña, que nos lleva a una situación insólita en la que se podría producir un motín contra el Estado, algo inédito en cualquier país de Europa en los últimos 50 años. Es la situación más grave producida en España desde el 23-F. 

-¿Qué es fer país según CiU y ERC?

-Una labor de zapa, movilización y convencimiento a través de la escuela, con políticas lingüísticas absolutamente sectarias donde se tiende a eliminar el castellano, que es una lengua tan catalana como el catalán. Cataluña pretende decidir en un referéndum sobre cinco siglos de historia pese a su altísimo grado de descentralización, comparable a los de Alemania y Suiza y superior al de Bélgica. En realidad, la solución federal permite convivir a las distintas identidades de un territorio. La autodeterminación rompe eso. Si Cataluña se independizase, una parte de la población saldría claramente lesionada. La ruptura con España supondría la eliminación de esa pluralidad interna. La identidad de las personas no se puede decidir por mayoría. Dice un colega de Barcelona que en España todos somos mestizos de pura cepa, y es verdad.

-¿Es posible celebrar el 9-N con la Constitución en la mano?

-Ni siquiera el Gobierno central podría convocar ese referéndum. Sería vulnerar aquello de la indisoluble unidad de la nación española. Cualquier proceso que tienda a romper la unidad del Estado exige una previa reforma constitucional. 

-El argumento nacionalista es que la voz del pueblo está por encima de la ley.

-Lo que evita el enfrentamiento a garrotazos es el respeto a la ley. ¿Por qué se puede jugar al fútbol? Porque hay árbitros. Podemos decidir que dar patadas en la boca en el área no es penalti, pero entonces tenemos que cambiar las reglas antes. Los países no se gobiernan midiendo cuántas personas asisten a las manifestaciones sino con instituciones representativas que tienen su ámbito competencial.

-Pero la desobediencia total o parcial de leyes estatales se ha puesto de moda en el país.

-El Estado ha sido mucho más leal con las autonomías con partidos nacionalistas que los partidos nacionalistas de esas comunidades con el Estado. Los estados democráticos exigen que las instituciones actúen con lealtad constitucional, si no, no se puede funcionar. ¿Se puede condenar por prevaricación a un funcionario por adoptar un acuerdo con una relevancia mínima y no tomar medidas legales para impedir que una autonomía deje de emitir anuncios sobre un referéndum que ha sido suspendido por el Tribunal Constitucional? Es simplemente inadmisible. 

-¿Tiene la Generalitat medios para implantar la maquinaria electoral del 9-N? Nunca lo hizo antes.

-No podrá seguir con la campaña ni adoptar medidas sobre el censo. Es ilegal, y los funcionarios que colaboren están presuntamente cometiendo delito. El conflicto político sigue ahí y veremos cómo lo arreglamos, pero el conflicto jurídico se acaba en la resolución del TC. Si no se acepta, nos colocamos por un lado en el terreno del Código Penal y por otro en el del artículo 155 de la Constitución.

-Artículo algo opaco.

-Yo creo que no permite la suspensión en su conjunto de una autonomía sino ir adoptando medidas cuya gravedad está en función de la importancia del desafío a la ley. Podría llegarse, quizás, a la suspensión del Gobierno catalán. 

-¿Saldremos de ésta?

-Lo curioso es que las medidas que hay que adoptar van en la línea de una mayor colaboración. Se puede descentralizar muy poco más. Sí, se podría discutir si hay que dar un tratamiento asimétrico a las autonomías. Pero la reforma constitucional sólo es viable con el acuerdo de los dos grandes partidos. Y sólo sería verdaderamente importante si pudiese incluir a los nacionalistas, que están en otra batalla.

-¿Cataluña ya no es seny?

-La sociedad catalana ha estado sometida a una durísima manipulación política. En el momento en que esa manipulación ceda, y debería hacerlo tras constatarse que el referéndum no se celebrará, se liberará de tensión a mucha gente incómoda con la situación. Entonces podríamos discutir con más calma. Dicen que los partidos han sido arrastrados por la sociedad. Mentira. Son los partidos los que han organizado todo. Sin dinero público y sin la colaboración de las autoridades no se concibe una manifestación de medio millón de personas con cartulinas y un orden perfecto. 

Comentar

0 Comentarios

    Más comentarios