Bermejo asegura que mantedrá las oposiciones a juez

  • Insiste en complementar el actual sistema con una formación teórico-práctica "en paralelo" similar al MIR · El Gobierno tipificará un delito exclusivo para los clientes de la prostitución infantil

El ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, afirmó este martes que su departamento conservará el actual sistema de oposiciones de acceso a la carrera judicial pese a que en la última convocatoria el 25 % de las plazas quedaron sin adjudicar.

Durante su intervención, el titular de Justicia insistió en la necesidad de reformar el actual sistema de acceso a la judicatura porque, según indicó, en la última convocatoria de jueces convocada por el Ministerio el 25% de las plazas quedaron vacantes.

Aun así, dejó claro hasta en cuatro ocasiones que su propuesta supone el "mantenimiento" del actual sistema de oposiciones y la creación "en paralelo" de un plan de formación de seis años. Tres de ellos tendrían carácter teórico y se desarrollarían en una escuela judicial o el Centro de Estudios Jurídicos y los tres restantes comprenderían "una evaluación continua de tipo teórico-práctico" que Bermejo comparó con "el sistema MIR".

Al término de esta formación, que contemplaría "prácticas en grandes centros, departamentos de recursos humanos de empresas, hospitales y medios de comunicación", según explicó Bermejo, los jueces que acreditaran haber superado estos exámenes contarían con "una jurisdicción limitada" que irían ampliando "poco a poco".

Mayores penas para lo delitos de pederastia

Fernández Bermejo enmarcó "la reforma de los delitos contra la libertad e integridad sexual que tengan como víctimas a niños" en los planes que tiene previsto desarrollar durante esta legislatura, y explicó que como medida más novedosa comtemplaría la inclusión en la legislación actual de "tipos que no existen", en referencia a la posibilidad de "castigar expresamente al cliente en el supuesto de prostitución infantil".

A estas medidas, para las que reclamó "un gran consenso", unió la creación de un registro específico de condenados por pederastia a los que se aplicarían "medidas post-delictuales" que, según indicó, impedirían que los delincuentes se encontraran "descontrolados o en situación de libertad plena" una vez que hayan cumplido sus condenas.

Modernización de la Justicia

Bermejo, no obstante, destacó la necesidad de consensuar estas medidas con el resto de fuerzas políticas, al entender que "siempre que se toca el Código sectorialmente, hay que hacer equilibrios para no caer en incongruencias".

El ministro también aprovechó la ocasión para exponer las principales medidas que tiene previsto desarrollar su departamento en los próximos cuatro años para profundizar la modernización de la Administración de la Justicia. Entre ellas, destacó la creación en el primer trimestre del próximo año de "un registro de medidas cautelares, requerimientos y sentencias pendientes de firmeza" y la informatización de los registros de penados y rebeldes.

Entre las prioridades del mandato también destacó "poner al día los registros civiles", que aseguró que "necesitan algo más que una mano de pintura". En este sentido, apostó por centralizar sus servicios para "acabar con la obligación de que el ciudadano tenga que aportarle a la Administración lo que ésta ya tiene". "El objetivo no es suprimir el 'vuelva usted mañana' sino cambiarlo por el 'no hace falta que usted venga'", afirmó.

También destacó la necesidad de crear juzgados de violencia de géneroen una misma zona de varios partidos judiciales, reformar una veintena de leyes procesales que permitan "mejorar la distribución de competencias entre los jueces y los secretarios judiciales" e incrementar la flexibilidad de los perfiles laborales de los funcionarios de Justicia.

A la conferencia de Bermejo asistieron un centenar de personalidades del ámbito político, judicial y empresarial, entre los que se encontraban el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido; la ministra de Vivienda, Beatriz Corredor; el presidente de la Audiencia Nacional, Carlos Dívar; el presidente de la Sala de lo Penal, Javier Gómez Bermúdez; y el secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho.

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