Marlaska abre un procedimiento por injurias a cuatro independentistas gallegos que quemaron una foto del Rey

  • Los jóvenes, pertenecientes al colectivos Nós-UP, podrían enfrentarse a penas de entre seis meses y dos años de cárcel.

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska abrió procedimiento abreviado por injurias graves al Rey de España a cuatro militantes del colectivo independentista gallego Nós-Unidade Popular acusados de quemar una fotografía del Rey durante una manifestación que se celebró el pasado día 6 de diciembre en Vigo (Pontevedra).

  El titular del Juzgado de Instrucción número 3 tomó hoy declaración a los cuatro independentistas, de entre 19 y 31 años, y dictó un auto en el que transforma las diligencias en procedimiento abreviado. Asimismo, da diez días a la Fiscalía para que presente una acusación contra los imputados o solicite el sobreseimiento de la causa.

  Los cuatro imputados --Alejandro Bolívar Estévez, Santiago Méndez Rodríguez, Christopher Machado Ibáñez y José Carlos Peña Nieto-- podrían enfrentarse a penas de cárcel de entre seis meses y dos años si la Fiscalía finalmente presenta escrito de acusación contra ellos.

Reconocen los hechos

  En su declaración ante el juez, Alejandro exculpó a sus otros tres compañeros y asumió la quema de la fotografía del Rey, que fue confeccionada a tamaño natural y mostraba al monarca vestido con su traje de capitán general de todos los Ejércitos, según informaron fuentes jurídicas.

  No obstante, Grande-Marlaska considera probado que el acto fue realizado de forma coordinada por los cuatro jóvenes, ya que Santiago trasladó la efigie del Rey en un carrito, Alejandro la quemó con la cara tapada y Christopher y José Carlos dieron cobertura al segundo ocultando las prendas con las que se había cubierto el rostro. 

  En su resolución, el juez sostiene que los jóvenes se aprovecharon del "anonimato que conlleva la existencia de un grupo indeterminado" para actuar "con premeditación manifiesta". En su opinión, su protesta "trasciende el derecho de libertad de expresión", resulta "desproporcional a los fines de conjugar la crítica, incluida la institución monárquica", y violenta "el límite de intangibilidad inherente a la dignidad de aquélla", de la persona que la encarna, así como de los fundamentos del orden político y de la paz social".

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