La cuenta atrás electoral continúa en punto muerto

Los letrados del 'Parlament' consideran que el plazo de dos meses para designar un 'president' se abrirá cuando haya una votación

F. Tomás Y Valiente (Efe) Efe

07 de febrero 2018 - 02:34

Madrid Barcelona/El ex vicepresident Oriol Junqueras, el ex conseller Joaquim Forn y los dirigentes de las entidades independentistas Jordi Sànchez y Jordi Cuixart seguirán en prisión hasta el juicio, por orden del Supremo, que en marzo dictará orden de detención internacional contra Carles Puigdemont.

Así se lo han confirmado a Efe fuentes de este tribunal después de que Pablo Llarena, el juez del caso seguido por el proceso independentista en el Supremo, confirmara ayer la prisión provisional para Sànchez, siguiendo el mismo guión que le llevó el pasado viernes a mantener en la cárcel a Forn.

Los servicios jurídicos de la Cámara buscan fórmulas para salir del bloqueo a corto plazo

De este modo, todo apunta a que se han cerrado las puertas de la cárcel para los cuatro citados y no se volverán a abrir, salvo para dejar entrar a nuevos imputados, al menos hasta que se inicie el juicio oral.

Y ello es así por más que el Tribunal Constitucional haya admitido a trámite los recursos de amparo de Jordi Sànchez (ex presidente de la Asamblea Nacional Catalana) y de Jordi Cuixart (presidente de Òmnium Cultural).

En el Supremo se espera que Llarena dicte en marzo autos de procesamiento no solo para los cuatro antes citados, sino también para otras personas, como los ex miembros del Govern huidos a Bélgica.

Jordi Sànchez afirmó ayer en su cuenta de Twitter que es "inexplicable jurídicamente" y "cruel" para su familia que lo mantengan en prisión preventiva.

La directora de Amnistía Internacional para Europa, Gauri Van Gulik, manifestó ayer asimismo que la decisión del juez de mantener en prisión al ex presidente de la ANC es una medida "excesiva y desproporcionada".

En un comunicado, la responsable de Amnistía Internacional mostró su desacuerdo con la decisión del juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, a quien acusa de agravar la "injusticia" cometida sobre Sànchez.

Los letrados del Parlament se inclinan en sus reuniones por considerar que la cuenta atrás de un máximo de dos meses para la investidura aún no se ha puesto en marcha, al no haberse producido una votación, pero debaten si incluir en su informe fórmulas para desbloquear la legislatura a corto plazo.

El informe, que fue solicitado la semana pasada por la Mesa del Parlament, todavía se está ultimando, por lo que los grupos no pudieron contar con él en la reunión de la Mesa de ayer por la mañana para poder posicionarse sobre una hipotética fórmula que permita salir del bloqueo actual.

Sin embargo, según avanzaron a Efe fuentes parlamentarias, a falta de emitir el informe definitivo, los letrados coinciden en sus reuniones en que, tras el aplazamiento del pleno de investidura la semana pasada por parte del presidente del Parlament, Roger Torrent, no se ha activado aún el reloj de la cuenta atrás de dos meses para llevar a cabo la investidura, un plazo que si se agota sin que haya nuevo president conducirá automáticamente a unas nuevas elecciones.

Ese posicionamiento de los servicios jurídicos de la cámara, según dichas fuentes, se basa en constatar que la ley vincula literalmente el inicio del plazo a que se haya llevado a cabo una votación de investidura, una circunstancia que no se produjo, ya que Torrent decidió aplazar el pleno pocas horas antes de su inicio.

Así, entre los letrados se considera que, si bien el plazo de dos meses no debe en efecto arrancar todavía, eso no implica que el bloqueo de la legislatura se pueda alargar sine die. En este sentido, se baraja la posibilidad de incluir en el informe tres posibles fórmulas para salir del bloqueo a corto plazo.

Esas fórmulas que se podrían apuntar en el informe son, en primer lugar, que Torrent considerara proponer otro candidato; otra sería aguardar a que el Constitucional resuelva la admisión del recurso del Gobierno y confirme o no las medidas que afectan a Puigdemont; y, por último, la aceptada por el Consejo de Estado con relación a que, si no hay un candidato en condiciones, Torrent lo comunique al pleno y eso sirva como acto de inicio de los dos meses, tomando como precedente lo ocurrido en 2003 en la Asamblea de Madrid en el llamado tamayazo.

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