El fin de la tregua de ETA y el juicio del 11-M marcaron el 2007

  • El fin de la tregua de ETA y el juicio que condenó a los autores de los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid, marcaron en España el transcurso de 2007.

Madrid. El terrorismo trazó la pauta desde el principio, porque el año arrancó 48 horas después de que ETA hiciera explotar una furgoneta bomba en el aeropuerto de Madrid, que mató a dos ecuatorianos.

El atentado puso fin de facto a nueve meses de "alto el fuego permanente" declarado por ETA, en lo que fue la tercera tregua de la historia de esta organización terrorista, que ha asesinado a más de 850 personas desde 1968 para lograr la independencia del País Vasco.

No obstante, y pese a las muertes de los ecuatorianos Diego Armando Estacio y Carlos Alonso Palate en el aeropuerto de Barajas, ETA esperó hasta el 5 de junio para hacer oficial la ruptura del alto el fuego y afirmar que no se daban "las condiciones mínimas" para un proceso de negociación con el Gobierno español.

A partir de ahí, ETA anunció que actuaría "en todos los frentes en defensa de Euskal Herría" y cometió varios atentados, el más grave de ellos el 1 de diciembre en la localidad francesa de Capbreton, donde tres terroristas acabaron con la vida de los guardias civiles Raúl Centeno y Fernando Trapero.

Los agentes realizaban tareas de seguimiento de terroristas en Francia, en colaboración con las fuerzas de seguridad francesas, y fueron tiroteados a sangre fría por tres etarras que les descubrieron, dos de los cuales fueron detenidos días después.

Fueron las primeras víctimas mortales desde el atentado del aeropuerto de Barajas, aunque ETA lo intentó más veces. El 9 de octubre, los terroristas atentaron en Bilbao contra un concejal socialista e hirieron a su escolta, sólo dos días después de que la policía detuviera a una veintena de dirigentes de Batasuna (ilegalizado brazo político de ETA) cuando intentaban reorganizarse.

Previamente, el 25 de septiembre, ETA hizo explotar una bomba junto a una comisaría de la localidad vasca de Zarauz, que causó importantes daños materiales, y el 24 de agosto dos guardias civiles resultaron heridos a consecuencia de la explosión de un coche bomba colocado junto a su cuartel en la localidad de Durango. Desde el mes de junio hubo además varios atentados fallidos que se vieron frustrados por la actuación de las Fuerzas de Seguridad o por el fallo del dispositivo del detonador.

Esta cronología estuvo jalonada por las acusaciones y reproches entre el Gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero, que fracasó en su intento de abrir una negociación para acabar con la violencia de ETA, y el conservador Partido Popular (PP).

El Ejecutivo reclamó su derecho a intentarlo, como lo hicieron antes el socialista Felipe González en 1989 y el conservador José María Aznar en 1999, y acusó a los populares de romper lo que hasta ahora había sido una regla escrita de la democracia española: no emplear el terrorismo como arma de confrontación política.

El PP de Mariano Rajoy echó en cara al Ejecutivo estar cediendo al chantaje de ETA y de pagar un "precio político" para que deje de matar, con la no ilegalización de formaciones políticas del entorno de ETA como ANV y PCTV, y le exigió la rectificación de su política.

Contó con el respaldo de la mayoritaria Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), que convocó una decena de manifestaciones para expresar su rechazo al diálogo entre el Gobierno y ETA y para, al menos hasta octubre pasado, pedir una investigación que aclarara la implicación de la organización vasca en los atentados del 11-M.

Es lo que se bautizó como "la teoría de la conspiración", alentada desde medios de comunicación conservadores y refutada el 31 de octubre por la Audiencia Nacional, tribunal que juzgó los atentados que causaron la muerte a 191 personas y heridas a 1.841.

La Audiencia, tras un juicio que se prolongó 4 meses y 17 días, declaró probado que la matanza fue obra de terroristas "yihadistas" y que no existía ningún indicio que permitiera vincular a ETA.

La sentencia condenó a los marroquíes Jamal Zougam y a Otman El Gnaoui a un pena superior a los 42.000 años de cárcel, como autores materiales, y al español José Emilio Suárez Trashorras, que facilitó los explosivos, a 34.715 años de reclusión.

La gran sorpresa fue la absolución de Rabei Osman El Sayed "Mohamed El Egipcio", al no considerarse demostrado que fuera uno de los autores intelectual de la matanza, como decía la Fiscalía, y dejar un interrogante sobre quién o quiénes orquestaron la matanza.

También dejó el desencanto de las víctimas y sus familiares, que consideraron escasas las penas impuestas.

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