Berlusconi aprueba el proyecto de ley que limita las escuchas

  • El texto aumenta las penas hasta los tres años de cárcel, frente a la sanción actual de un mes, para quienes publiquen ilegalmente el contenido de las conversaciones

El Gobierno del primer ministro italiano, Silvio Berlusconi, aprobó ayer un proyecto de ley para limitar las escuchas judiciales a los delitos más graves y aumentar hasta tres años la pena para quien las publique de manera ilegal, lo que ha despertado duras críticas de la oposición y los periodistas.

El ministro italiano de Justicia, Angelino Alfano, explicó en una rueda de prensa que el actual sistema de escuchas telefónicas o ambientales en investigaciones judiciales ha "degenerado" y que el derecho a la intimidad "ha sido violado muchas veces".

Sin embargo, los críticos creen que la restricción de las escuchas supondrá una limitación a la investigación de los jueces, con lo que delitos que se pueden descubrir ahora quedarán ocultos.

Las escuchas estarán limitadas a delitos de terrorismo y mafia, todos los penados con más de diez años cárcel, los que generen "grave alarma social" y algunos realizados contra la Administración Pública, como la corrupción.

La formulación definitiva del proyecto es por lo tanto más amplía que la anunciada por Berlusconi, ya que aseguró que las escuchas quedarían limitadas únicamente al terrorismo y la mafia, con penas de cinco años para los infractores. Este anuncio causó sorpresa incluso entre algunos componentes de su coalición.

Las nuevas normas, que no se aplicarán a los procesos judiciales en marcha, limitan a tres meses la duración de las escuchas y serán autorizadas por un tribunal y no por un único magistrado como hasta ahora.

El proyecto aumenta las penas para quien conozca y publique las escuchas cuando están protegidas por el secreto de sumario con penas de uno a tres años cárcel, frente a la pena actual de un mes.

La reacción de los periodistas fue inmediata, a través del secretario general de la Federación Nacional de Prensa, Franco Siddi, quien espera que el trámite parlamentario sirva para revisar un proyecto, que consideró "vistosamente contrario a las convenciones internacionales".

"No queremos la destrucción de las personas pero exigimos hacer conocer a la opinión pública las noticias que cuentan para que se cree una conciencia responsable de los problemas", agregó.

El ministro de Justicia destacó además el alto coste de las escuchas en Italia, que entre 2003 y 2006 ascendió a 1.300 millones de euros, sin incluir las transcripciones.

Sin embargo, el presidente de la Asociación Nacional de Magistrados, Luca Palamara, dijo que el gasto de las escuchas "es un falso problema", pues con un nuevo método probado en Roma logró pasar de 108 a cinco euros diarios por cada usuario controlado.

El ministro de Justicia considera que el proyecto alcanza "un punto de equilibrio" entre la protección del derecho a la intimidad de los ciudadanos y la posibilidad de intervenir contra los delitos que se puedan cometer.

En las filas políticas, el partido más crítico es Italia de los Valores (IdV), del magistrado Antonio di Pietro, que fue en la década de los noventa el juez instructor del proceso Manos Limpias contra la corrupción política, que liquidó el viejo sistema de partidos liderado por la Democracia Cristiana.

El jefe del grupo parlamentario de IdV, Massimo Donadi, señaló que desaparecen las escuchas para los delitos económicos, financieros y de empresas.

Investigaciones como las realizadas por la quiebra del gigante alimentario Parmalat o, en los últimos días, la relativa a un hospital de Milán donde presuntamente se dieron casos graves de mala praxis médica no se podrán descubrir, agregó.

La principal formación de la oposición, el Partido Demócrata, también se mostró contrario al texto que consideró "inaceptable", según su encargado de Justicia, Lanfranco Tenaglia.

Así, anunció que darán "batalla" en el Parlamento, pues no se puede privar a la magistratura de "un instrumento de verificación de la realidad como las escuchas telefónicas", cuyo uso debe estar regulado y los abusos castigados, pero "no prohibidos".

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