El populismo en américa latina En juego el modelo de Estado

Evo Morales divide a los bolivianos

  • La Asamblea Constituyente entregó hace diez días al Congreso el proyecto de la nueva Carta Magna · supone el primer paso en la "refundación nacional" del país proyectada por el presidente

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La Asamblea Constituyente boliviana entregó hace diez días al Congreso el proyecto de la nueva Carta Magna, que supone el primer paso en la "refundación nacional" del país proyectada por el presidente, Evo Morales. Según Morales, se trata de corregir la situación de postergación de los indígenas, que suman el 60 por ciento de la población. La oposición lo valora como un proyecto utópico de límites difusos que servirá de justificación para un régimen totalitario.

El texto, fundamentado en tres pilares rechazados de plano por la otra mitad del país, incorpora los sistemas de elaboración de leyes y control político reflejo de las tradiciones indígenas, el "pluralismo jurídico", lo que en la práctica equipara los métodos de justicia indígena a los de corte occidental, y proclama la redistribución de la riqueza.

Morales ha declarado que serán los "movimientos sociales" los legitimados para establecer este control político y que "hasta el presidente" podrá ser destituido por este sistema, pero la oposición le acusa de querer perpetuarse en el poder. Los cargos electos podrán por tanto ser revocados si las asambleas populares así lo deciden, como ya sucede en las comunidades indígenas.

La Justicia indígena que reconoce el nuevo texto constitucional pone en pie de igualdad a los sistemas indígenas con la Justicia de corte occidental. Sus detractores señalan que ya de por sí establece dos categorías diferentes de ciudadanos según éstos acudan a una u otra. En la primera están contemplados y legitimados los castigos físicos en algunos casos y es anterior a la Declaración Universal de los Derechos del Hombre. Un problema es qué sucede si ambos sistemas entran en colisión; si uno puede revocar las decisiones del otro y qué sucede cuando una parte litigante quiere ampararse en un sistema y su oponente en el otro.

La posesión de la tierra y su organización es la tercera pata sobre la que descansa el proyecto del presidente boliviano. El texto consagra una gran reforma agraria que beneficia a las comunidades indígenas que pasan a disponer colectivamente de los títulos de propiedad. También se refiere a la propiedad colectiva de los recursos naturales y los medios de producción.

En paralelo apela a la descentralización y cambia la organización territorial del país, quitando peso a los nueve departamentos existentes tras la independencia y reconociendo delimitaciones que responden, en teoría, a demarcaciones precolombinas. La oposición señala que no existe documentación histórica que avale dicha partición y que la propuesta trata de mermar fuerza a los departamentos existentes, los más prósperos, y los que se oponen a su proyecto indigenista.

Otro de los puntos conflictivos de la nueva Constitución es el artículo que contempla la reelección presidencial por un periodo adicional (el mandatario podría gobernar hasta 2018 en dos nuevos periodos de cinco años si vence en las elecciones que se convocarán tras la entrada en vigor de la futura Carta Magna). Al final, al menos, se rechazó la posibilidad de una reelección indefinida como había propuesto el oficialismo originalmente.

La redacción final del artículo 6 que establece que Sucre es "capital oficial de Bolivia" y no recoge la propuesta de trasladar el Gobierno y el Parlamento desde La Paz a esa ciudad, un tema que mantuvo paralizada a la Asamblea durante más de tres meses y estuvo a punto de provocar su fracaso.

La Constitución aún tiene un largo camino por recorrer, en particular un referéndum para resolver las condiciones de propiedad sobre la tierra y otro de ratificación, que deben realizarse en 2008.

Ante las críticas de la oposición, Morales dobló la apuesta y anunció la celebración de un referéndum sobre su continuidad en el poder. La convocatoria constituye un golpe de efecto que le permite retomar la iniciativa política sin ahondar en la estrategia de aprobar la nueva Constitución prácticamente por la fuerza. El presidente desvía la atención del texto para centrarla en sí mismo y lanza el reto a seis provincias que lideran el movimiento de resistencia cívica contra él. Lo que quiere es que en el mismo referéndum se sometan a la voluntad popular los nueves gobernadores que existen en Bolivia.

Mientras tanto, los dos bloques mantienen un enfrentamiento total y ambos se preparan para la gran batalla del referéndum en el que deberá ratificarse o no la nueva norma suprema. El Gobierno rechaza los estatutos regionales de autonomía y acentúa el centralismo, y la oposición rechaza el texto, pero también las formas empleadas para aprobarlo.

Lo que está en juego en Bolivia durante los próximos meses será, nada más y nada menos, el modelo de Estado.

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