Seis campesinos mueren en choques con el Ejército de Guatemala

  • El Gobierno asegura que ninguno de los soldados disparó aunque iban armados

El Gobierno de Guatemala rechazó ayer su responsabilidad en la muerte de seis campesinos durante un confuso enfrentamiento el jueves entre habitantes de comunidades del oeste del país y el Ejército, que también causó 34 heridos, a pesar de algunas evidencias que parecen implicar a los militares.

El ministro del Interior, Mauricio López Bonilla, dijo a los periodistas que ninguno de los soldados disparó contra los manifestantes, aunque reconoció que "algunos" militares que protegían el contingente portaban armas de fuego.

López Bonilla admitió que en el lugar del enfrentamiento fueron encontradas ojivas de fusil Galil calibre 5.56 similar a los que utilizan las Fuerzas Armadas, así como de escopeta calibre 12. "Estamos viendo un resultado preliminar (de estas dos armas), pero debemos esperar la investigación de las partes correspondientes", declaró el ministro.

Según López Bonilla, los habitantes de la comunidad "provocaron" a los soldados sin lograr que éstos reaccionaran, mientras que el ataque contra los manifestantes provenía de "un civil" que disparó desde un camión que circulaba cerca de los dos vehículos donde se trasladaba el contingente militar.

Sin embargo, fotografías publicadas por medios locales, captadas en el lugar y momento de los hechos, muestran a un soldado con fusil en mano en posición de ataque, y algunos supervivientes acusaron a los militares de haber disparado "de forma indiscriminada".

El procurador de los Derechos Humanos, Jorge de León, dijo a los periodistas que "aún no se puede responsabilizar a nadie" de la matanza porque los hechos "son confusos" y no concluyeron las investigaciones.

De León confirmó la muerte de seis campesinos, así como 34 heridos, 30 por arma de fuego y cuatro por gases lacrimógenos, así como la destrucción de un camión militar y otro comercial.

Los manifestantes rechazaban las reformas a la Constitución promovidas por el presidente Pérez Molina, así como la modificación del plan de estudios de la carrera de maestros, y exigían una reducción en las tarifas del servicio de la energía eléctrica que es prestado por una empresa privada.

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