El problema de la vivienda

  • A la actual incertidumbre económica se suma la imperiosa necesidad de replantearse los viejos modelos de desarrollo urbano y de la vivienda

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Que las grandes promociones de viviendas hayan terminado por construir un territorio con grandes carencias (no hay más que recorrer las periferias o pasear por algunos barrios de nuestras ciudades, veranear en el litoral, mirar hacia poniente desde Sevilla viendo el nuevo perfil dibujado sobre la cornisa del Aljarafe o simplemente tratar de bajar de cualquiera de sus urbanizaciones en hora punta) es un problema que debe de ser analizado y contestado desde la búsqueda de una nueva habitabilidad y cultura urbana.

Éste que se conoce como el problema de la vivienda es un lugar frecuentemente visitado desde hace dos siglos por la sociología, la política, la arquitectura, la literatura, la pintura o por cualquiera preocupado por una mejora de las condiciones de vida de la población occidental. Semejante romería ha terminado por decantar una mentalidad que residencia en el acceso, el disfrute y la cualificación de la vivienda, buena parte de la habitabilidad de nuestro entorno. Desde los reformistas ilustrados al Estado del Bienestar, cualquier proyecto transformador o revolucionario ha situado en la solución del problema de la vivienda sus esperanzas de una sociedad mejor.

En la actualidad, una mirada a nuestro entorno nos dice que esa certeza debe ser revisada. En primer lugar, porque la vivienda, como cualquier otro objeto de consumo, ha sido incluida en una lógica de producción cuyo objetivo principal es el financiero; en segundo lugar, porque su extensión sobre el territorio, como consecuencia de la necesidad del abaratamiento de sus costos, ha hecho que el suelo se convierta en un valor negociable desde la estricta lógica económica y, en tercer lugar, porque los hábitos de vida se han desplazado de su estricta residencia en la fábrica o en el domicilio, a una extensa red de localizaciones cuyas condiciones de habitabilidad compiten con las de la vivienda.

La oportunidad que surge ahora, sobrevenida en buena medida por el frenazo inmobiliario, de reparar los daños colaterales producidos por el último desarrollo urbanístico, algunos ya irreversibles, es grande y la responsabilidad de todos los agentes, también de los usuarios, máxima. Nos vale el ejemplo del Aljarafe sevillano.

Sin embargo, el que -como se ha anunciado días atrás- los Jardines de Forestier de Castilleja de Guzmán se quieran proteger en un entorno más amplio, con un PGOU listo para aprobarse que no renuncia a la ecovilla ni al complejo hotelero, o que la A-49 se vaya a ampliar con tres carriles en cada sentido hasta Benacazón para dar cabida a los casi 165.000 vehículos censados en estas poblaciones, no son sino aliños o actuaciones de emergencia para una situación de saturación insostenible. Si esto tiene que ver con aquel imaginario aún reciente del Aljarafe como entorno saludable o con la manera en la que deseamos vivir, arrullados por los vientos del bienestar económico y social, apañados estamos. Sí puede llegar a ser sustancial para un cambio de rumbo que cree nuevas inercias en la producción el reciente anuncio de adquisición de suelo privado para la construcción de viviendas protegidas, hecho tanto desde el Ministerio de Vivienda (300 millones de euros) como desde la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía (150 millones). Ello, con unos criterios de selección que, favoreciendo a municipios que carecen de suelo público, tienen mayor demanda ciudadana o forman parte, como los del Aljarafe, de grandes áreas metropolitanas, se dirigen a los suelos susceptibles de transformación inmediata -los urbanizables sin problemas de movilidad y conexión con los núcleos urbanos existentes-, arbitrando medidas para adaptar sus planeamientos a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) o sufragando la urbanización de esos terrenos.

Ahora bien, pensamos que debería ser no sólo una medida encaminada a lograr la construcción del número de VPO que establece el Plan Concertado de Vivienda y Suelo 2008-12 o a la reactivación de la economía andaluza, que no es poco, sino que además tendría que permitir tanto el desarrollo de nuevos modos de ocupación del territorio compatibles con criterios de sostenibilidad como la instalación de modelos de viviendas más comprometidos con sus futuros moradores. Una nueva urbanidad y vivienda para una sociedad que requiere de información, ensayos y especialistas que, contando con la participación ciudadana y la puesta en valor de lo que de bueno aún nos queda, sea capaz de ofrecerse en muy corto espacio de tiempo tan ilusionante para los usuarios como atractiva para un mercado inmobiliario más sostenible.

Tener un inventario de los terrenos susceptibles de ser adquiridos para su construcción, localizarlos en un mapa de posibles recursos donde lanzar estrategias coherentes y consecuentes con esta mentalidad, compartir las decisiones de manera participada con los ciudadanos, posiblemente nos descubriera las oportunidades de un extraordinario territorio aún disponible para la vida y de otros modelos de habitación, ya ensayados en otras latitudes, de tremenda eficacia.

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