La esquina

Ladrar a la banca

AL Gobierno se le está acabando la paciencia con los bancos y si siguen sin financiar a las familias y las pymes actuará "en consecuencia". Lo ha dicho el ministro de Industria, Miguel Sebastián, en la estela del mitin preelectoral de Zapatero en Galicia.

Al no concretarse en qué consiste la "consecuencia" del Ejecutivo por la actitud de los banqueros, las palabras del ministro quedan, una vez más, como mero aviso a navegantes financieros. El Gobierno ladra, pero no se decide a morder ni siquiera la pantorrilla de los que ostentan el poder de las finanzas, que es casi todo el poder, en este país.

Quizás podría. No hablo ya de nacionalizar la banca, como se empieza a discutir en otros países, ni de incrustar representantes públicos en los consejos de administración. Hablo de exigir a los bancos y cajas de ahorros contrapartidas a las ayudas que están recibiendo del Estado, en forma de adquisición de activos y de avales para sus emisiones de deudas, que les garantizan la liquidez que necesitan para su estabilidad. Cierto que las cinco entidades más potentes han visto disminuir sus beneficios un 19,3% en 2008 con respecto a 2007, pero aun así estos beneficios sumaron 17.790 millones de euros. Respetable cantidad.

La gente asumió la idea de que la asistencia del Gobierno a los bancos era imprescindible para que el sistema no se viniera abajo, pero la justificación última de tal asistencia era que tenía que reflejarse en una mejor disposición a prestar dinero a empresarios y consumidores, sin lo cual la ansiada reactivación de la economía es una quimera.

No se ha producido. Oficialmente la banca argumenta que no ha frenado el crédito, sino que las empresas no lo piden, pero directivos bancarios admiten en privado que están denegándolo a empresarios solventes, aunque en dificultades. Al mismo tiempo, en los préstamos que sí conceden cargan intereses más elevados, retrasan todo lo que pueden la aplicación de las bajadas del euríbor a los hipotecados y suben las comisiones a sus clientes por el mantenimiento de cuentas corrientes, el uso de tarjetas de crédito y débito o por las operaciones en los cajeros automáticos.

La verdad es que no existe ninguna razón para que, con los beneficios antes citados, las ayudas procedentes del Estado y los incrementos de precios de sus servicios, bancos y cajas no sean sometidos a una serie de condiciones en favor del interés general. Bueno, sí existe una razón, pero poco razonable: el enorme poder de los banqueros, ante el cual el Gobierno debería ladrar menos y morder más. Es obsceno que todo el mundo tenga que apretarse el cinturón menos los accionistas y directivos de la gran banca.

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