ESTA vez no hay motivos sólidos para desconfiar de la política antiterrorista del Gobierno. Si el etarra Antonio Troitiño elude la euroorden de captura dictada contra él para que vuelva a la cárcel seis años más será porque la Justicia funciona mal en España, no por pasividad de Interior o conveniencia política ante un proceso de negociación inexistente.

Rebobinemos. Los tres magistrados que integran la Sección Tercera de lo Penal de la Audiencia Nacional decretaron el miércoles 13 de abril la puesta en libertad del multiasesino Troitiño -nacido en un pueblo de Palencia, por cierto- al restarle el tiempo que pasó en prisión provisional al tiempo máximo de cumplimiento de condena (los 30 años del anterior Código Penal). Eso hizo que saliera de la cárcel de Huelva después de haber pasado 24 años preso: poco más de un año por cada asesinato. Escaso castigo, en opinión de cualquier ser humano simplemente decente, de lo cual se hizo eco la Fiscalía, que recurrió la liberación del elemento.

¿Por qué digo que la Justicia ha funcionado mal? Pues porque los mismos magistrados se reunieron este martes con carácter urgente para revisar y revocar su providencia liberadora en base a una sentencia del Tribunal Supremo que dictó lo contrario en un caso semejante: los periodos de prisión provisional deben restarse a cada una de las condenas pendientes, no al máximo legal de 30 años. En plata: Troitiño tiene que estar en prisión hasta 2017. Esta sentencia del TS se hizo pública el lunes, pero está datada el 23 de marzo. Si la maquinaria judicial marchara como demanda una sociedad del siglo XXI, la Sala de la Audiencia habría conocido el sentir del Supremo antes de pronunciarse. Y se habría ahorrado el ridículo de explicar en su nuevo auto que ha cambiado de criterio porque el TS "completó" su doctrina. No, hombre, no la completó: le dio la vuelta. Sentenció lo contrario. Dieciséis días antes.

Otro hecho apuntala esta hipótesis de las deficiencias judiciales. Ante la indignación social por la libertad de Troitiño y el recurso de la Fiscalía, se pensó en convocar el pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional para darle respuesta y, en su caso, desautorizar a la sección que la dictó. Bueno, pues los cronistas judiciales han informado de que era imposible hacerlo porque la mayoría de sus miembros estaban de vacaciones, muchos de ellos fuera de Madrid, y tendría que obligárseles a regresar en plena Semana Santa. Eso no es serio. En servicio al pueblo bien podrían renunciar un rato a la playa o las procesiones, digo yo.

Ya hay indicios de rifirrafe entre PSOE y PP a cuenta del caso del etarra en busca y captura. Pero para hacerse una idea correcta de lo ocurrido hay que volver la mirada hacia las togas. Esta vez sí.

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