LAS juntas de personal de dos hospitales de Sevilla han firmado un escrito de apoyo a los cuatro médicos que han sido expedientados -y se exponen a sanciones de dos años de suspensión de empleo- por unas declaraciones críticas con el funcionamiento de los servicios de urgencias en el desdichado caso del futbolista Antonio Puerta. Modestamente, yo también lo firmo, desde aquí.

La razón es bien sencilla: las supuestas declaraciones de los médicos, emitidas en un programa de telebasura de cuyo nombre no quiero acordarme para no hacerle publicidad, no fueron tales declaraciones. Se grabaron con cámara oculta. Los telebasureros, fieles a su condición, sonsacaron los comentarios críticos con el Servicio Andaluz de Salud (SAS) de los cuatro galenos en una conversación que éstos creían privada, y luego los hicieron públicos buscando expresamente el escándalo; es decir, la audiencia que todo parece justificarlo.

Pero hay cosas injustificables, y una de ellas es precisamente sorprender la buena fe de cualquier persona atribuyéndole afirmaciones que o no ha hecho o las ha hecho en la confianza de que estaba hablando en privado. Los periodistas -o lo que sean- que han defraudado esa confianza y los productores y patronos que les han forzado a hacerlo dejan mucho que desear desde el punto de vista de la deontología profesional. Es más grave aún que el Servicio Andaluz de Salud haya dado carta de naturaleza a esta actuación y la haya utilizado como argumento para un expediente sancionador, casualmente dirigido contra médicos que cuestionan su funcionamiento y organización, al menos en el apartado de urgencias.

El derecho a la intimidad de los cuatro médicos ha sido vulnerado. Es paradójico que los tribunales hayan absuelto en numerosas ocasiones a narcotraficantes de culpabilidad manifiesta porque las escuchas telefónicas en las que se basaba la acusación no habían sido autorizadas por el juez o no se hicieron con todos los requisitos legales y, en cambio, el SAS pretenda castigar a unos profesionales de la medicina sobre la base de unas declaraciones obtenidas con engaño. Debajo de este caso late una cuestión de suma importancia, a saber, que en el sistema democrático todo el mundo es inocente mientras no se demuestre lo contrario... por los procedimientos garantistas que marca la ley. No de cualquier forma, no espiándolo sin permiso del juez, no usando una charla privada, que se creía amistosa e informal, como si fuese una declaración pública.

El Servicio Andaluz de Salud debe archivar los expedientes, aunque sólo sea para no tratar a sus empleados disidentes peor que los jueces tratan a los traficantes de droga.

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