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La seguridad de Ceuta
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Raro es el día en que no salta a la actualidad algún tuit incitando al odio contra la más variada panoplia de personajes públicos, minorías y colectivos políticos y sociales en general. Las redes sociales -especialmente Twitter- se han convertido desde hace mucho tiempo en un lugar en el que impera la impunidad más absoluta y en el que se juega con el honor y la dignidad de las personas sin que apenas haya consencuencias. Cierto es que cuando estos insultos se vierten desde una cuenta cuyo titular está identificado con su nombre y apellidos no es muy complicada su persecución y castigo, ya que la Justicia puede actuar como lo haría si el delito se hubiese cometido en un lugar físico en vez de uno virtual. Pero el gran problema se produce por el gran número de perfiles falsos y anónimos tras los que se esconden personas sin escrúpulos ni coraje moral que se dedican a insultar y vejar a cualquier persona que se les ocurra, bien sea una víctima del terrorismo, una persona de raza negra o un político de cualquier opción. Las habituales precauciones que suele tomar un periódico en papel, que exige el carné de identidad antes de publicar una carta al director, no existen en absoluto en el espacio sin ley de las redes sociales. Cualquiera puede abrir una cuenta con el nombre que le plazca y, a partir de ahí, dedicarse a denigrar todo aquello que no es de su gusto.
Por lo dicho es evidente que el uso de las redes sociales necesita urgentemente una mayor regulación que evite que sigan siendo usadas por los que sólo buscan sembrar el odio. No se trata de limitar la libertad de expresión, uno de los principios sobre los que se asienta nuestro ordenamiento constitucional; se trata simplemente de que no se cometan delitos. El límite real a este tipo de expresiones en la red debe ser exactamente el mismo que en cualquier otro soporte. Evidentemente, esa regulación tiene que ser por fuerza lo más internacional posible, pues poco puede hacer una legislación nacional en un ámbito que, por su propia naturaleza, es absolutamente global.
Antes que nada hay que empezar por impedir la existencia de cuentas anónimas o de usuarios falsos, desde las que se cometen gran parte de los delitos de los que estamos hablando. Hay medios de sobra para garantizar el libre acceso a las redes sociales y, al mismo tiempo, impedir que se conviertan en lugares sin ley. Esta tarea no admite más dilaciones.
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