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Uno de los enigmas del actual Gobierno es por qué no termina de pactar y acometer, de una vez, la reforma de la financiación autonómica, cuando es una exigencia de prácticamente todos los territorios de España. Hoy por hoy, es difícil encontrar a un presidente de una región que manifieste estar cómodo con el actual sistema, el cual ya supone un lastre para el desarrollo del país. Por ahora, el Ejecutivo, tras unos primeros pasos en la dirección correcta, no ha hecho más que, como se dice popularmente, marear la perdiz. Tras la Conferencia de Presidentes Autonómicos del pasado 17 de enero -hace ya un año-, se anunció a bombo y platillo la creación de una comisión de expertos para realizar los análisis y propuestas pertinentes para dicha reforma. Efectivamente, la comisión finalizó su trabajo en el plazo previsto, el 19 de julio, y entregó un detallado informe el 26 de ese mismo mes, hace ya casi medio año. Sin embargo, después de aquello apenas se ha trabajado en serio para conseguir cerrar un acuerdo definitivo.
Hasta el momento, el Ejecutivo ha sido de la teoría de que habría que esperar a aclarar el problema catalán antes de acometer una reforma de la financiación autonómica. Esta excusa tendría sentido si en las últimas elecciones autonómicas del 21-D hubiesen ganado en escaños los constitucionalistas y, por tanto, se hubiese despejado el terreno para un pacto entre la Generalitat y el Estado para devolver a Cataluña a la normalidad política y judicial. Sin embargo, como todos conocemos, esto no ha sucedido así y todo indica que el conflicto catalán será muy difícil de resolver y que puede enquistarse en el tiempo. ¿Pueden y deben esperar el resto de comunidades autónomas españolas? Evidentemente no, porque una correcta financiación afecta a los servicios más importantes, como la sanidad o la educación, y el país al completo no puede estar en un eterno interregno esperando el final del procés.
Más allá de los intereses electorales del PSOE, tiene razón la Junta de Andalucía cuando exige que se acometa de forma inmediata dicha reforma, porque son muchos los problemas que se podrían arreglar con la misma. El Gobierno no puede seguir dilatando más una negociación definitiva. Debe impedir que la cuestión catalana siga condicionando la vida política de todo el país y acometer de una vez por todas la reforma de la financiación territorial.
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