El ex líder de Batasuna Arnaldo Otegi será declarado persona non grata en la provincia de Sevilla. Así se aprobó ayer en el Pleno de la Diputación, donde Ciudadanos y el PSOE respaldaron una moción que el PP está llevando a distintos foros, y que ya se ha aprobado de hecho en otros ayuntamientos sevillanos y diputaciones andaluzas. En el texto se pone el acento en que su "ronda de visitas a instituciones" -conferencias en el Parlamento  europeo, recibimiento en el Parlamento catalán y en el Ayuntamiento de Barcelona- es una "campaña mediática" con la que pretende "normalizar su presencia en la vida política", tras cumplir condena por enaltecimiento del terrorismo y estar inhabilitado para desempeñar cargo y empleo público por intentar reconstruir el ilegalizado brazo político de ETA, sin condenar los "crímenes" de la banda, sin pedir perdón a las víctimas, ni ayudar a esclarecer los casos pendientes. 

El PP y el PSOE reprocharon el "silencio" de los representantes de IU y el de Participa Sevilla, que no debatieron y se abstuvieron al votar el acuerdo, que incluye "la reprobación de aquellos políticos y partidos que pongan en tela de juicio las resoluciones judiciales de tribunales" en la lucha contra el terrorismo. Julián Moreno, de Participa, tomó la palabra para aclararlo y subrayó que el debate que "subyace" es el de la "construcción de la paz" y el fin de la violencia, que no pueden solucionarse con una moción a las puertas de otras elecciones generales. Pero insistió en que rechazan la violencia y se "solidarizan con las víctimas". 

En la sesión se aprobó, además, con la única abstención del PP, la personación de la Diputación en el recurso contencioso-administrativo que el ex gobernador civil de Sevilla José Utrera Molina puso contra otra moción aprobada en febrero, para quitarle la medalla de oro que se le dio en 1970. El recurso se basa en el desacuerdo de Utrera Molina  con la exposición de motivos, que alude a la causa que una juez argentina sigue contra el franquismo y a la "orden de detención internacional" que lanzó contra él y otros 18 ex ministros por dos sentencias de muerte. 

Fueron dos asuntos llamativos de un Pleno que se inició con una declaración institucional contra la homofobia y en el que se aprobó además el plan de actuaciones que ha elaborado una comisión creada para corregir las deficiencias que detectó la Cámara de Cuentas al fiscalizar el ejercicio 2012, en asuntos como transferencias a las sociedades o las subvenciones, aunque lo más sonoro fue lo que afectó al personal. A finales de junio se aprobarán ya algunas medidas que se han acordado con la plantilla para que no pierda poder adquisitivo por la supresión de los premios a la constancia y a la jubilación ordinaria, que cuestiona la Cámara. El modelo retributivo para el personal en superior categoría, aún se negocia. 

También se dio el visto bueno  a la llamada "masa salarial" del personal laboral de la Diputación, incluidos los entes provinciales, de 2015, atendiendo a otra de las novedades que trajo la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local. En este caso, ascendió en total a 60,4 millones de euros, algo más de lo previsto, según apuntó IU, por la aplicación de sentencias judiciales y el reconocimiento de derechos a otros trabajadores en similar circunstancia.  Algo más de 32,7 millones fueron de la propia Diputación, y el resto del Opaef (8,7); Aguas del Huesna (7,6); Prodetur (5,8); Inpro (3,8); Sevilla Activa (1,2) y el Consorcio Provincial Aguas de Sevilla y la Casa de la Provincia, con 195.854 y 160.062 euros, respectivamente.