Sánchez Gordillo sigue sin declarar por la ocupación de Las Turquillas

Osuna

El parlamentario andaluz de IU y alcalde de Marinaleda se ha acogido a su derecho en el TSJA porque "no es el momento". Anuncia que el SAT volverá a ocupar este espacio este 1 de mayo.

El parlamentario andaluz de IU Juan Manuel Sánchez Gordillo, en agosto pasado en la finca Las Turquillas. / EFE
El parlamentario andaluz de IU Juan Manuel Sánchez Gordillo, en agosto pasado en la finca Las Turquillas. / EFE
Ep, Granada

29 de abril 2013 - 14:03

El parlamentario andaluz de IU y alcalde de Marinaleda (Sevilla), Juan Manuel Sánchez Gordillo, se ha acogido este lunes a su derecho a no declarar ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) como imputado por la ocupación el pasado verano de la finca Las Turquillas en Osuna, donde se ubica la Yeguada Militar del ejército, y ha anunciado que el Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) volverá a ocupar este espacio el próximo 1 de mayo.

A su salida del TSJA, con sede en Granada, Sánchez Gordillo ha explicado a los periodistas que no ha declarado porque "no es el momento" y prefiere saber antes "qué opinan todas las partes" implicadas en el proceso, una negativa que "ha sentado mal al juez", el cual lo ha tachado de "deslealtad al tribunal", según ha lamentado el parlamentario de IU.

Lo cierto es que esta declaración estaba inicialmente prevista para el pasado 4 de abril pero fue suspendida a petición de Sánchez Gordillo, que alegó desconocer la documentación de los hechos y la acusación que se le atribuye por este caso, en el que junto a él están imputados otros 53 militantes y simpatizantes del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), entre ellos, el secretario general del sindicato, Diego Cañamero.

Sánchez Gordillo, al que inicialmente se le acusa de un delito de daños y otro de usurpación, ha defendido que la ocupación del pasado verano en Las Turquillas fue "pacífica, simbólica y tranquila", por lo que ha garantizado que "no tiene ningún problema en declarar lo que haga falta" cuando llegue "el momento".

Gordillo, que ha sido recibido a la puerta del TSJA por una concentración de apoyo de militantes del SAT, ha estado también acompañado por el secretario general del sindicato, Diego Cañamero, quien ha precisado que ninguno de los imputados en el proceso ha declarado ante el juez porque "es conveniente, según los abogados" que declaren "todos lo mismo".

Cañamero ha negado que se produjeran daños en la finca durante la ocupación, insistiendo en la necesidad de que estas tierras pasen a "manos de los trabajadores, las cooperativas o los ayuntamientos" de la zona a fin de que generen empleo.

"Esta tierra tiene que cumplir una función social de trabajo" y "el sindicato lo está pidiendo", ha clamado Cañamero, quien ha insistido en que el SAT volverá a ocupar Las Turquillas el 1 de mayo. "Y si nos multan, que nos multen, estamos dispuestos a pagar ese precio", ha clamado.

El abogado del SAT, Antonio Folgoso, ha explicado a los periodistas que también este lunes se ha tomado declaración a algunos de los testigos de la acusación, como representantes del Ministerio de Defensa y a miembros de la Guardia Civil.

Los 53 militantes del SAT denunciados, junto al parlamentario de IULV-CA Juan Manuel Sánchez Gordillo, ocuparon la finca de Las Turquillas el pasado día 24 de julio y permanecieron allí durante 18 días, hasta que fueron desalojados del lugar.

El SAT ya apuntó que la finca, dependiente del Ministerio de Defensa, tiene 1.200 hectáreas, la inmensa mayoría en baldío, dado que el Ejército sólo utiliza 20 hectáreas para la Yeguada. Por ello, pidió que "las tierras públicas pasen a concurso para que las cooperativas las puedan adquirir ahora que están en desuso".

Por medio de un auto conocido el pasado mes de febrero, el TSJA archivó una causa abierta contra Sánchez Gordillo a raíz de su actuación como piquete informativo durante la huelga general del día 29 de marzo de 2012, mientras que, en relación también a su actuación como piquete, derivó una segunda causa al Juzgado de Estepa por la posible existencia de una infracción penal calificada como falta de amenazas leves, para cuyo conocimiento no es competente el TS.

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