La cementera recurre el acuerdo plenario que exigía su alejamiento del municipio

  • El Consistorio aprobó en octubre que las actividades industriales se ubicaran como mínimo a dos kilómetros de la población

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La empresa Cementos Portland Valderrivas, propietaria de la planta cementera de Alcalá de Guadaíra, ha recurrido ante la sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), la modificación puntual del planeamiento urbano aprobada en octubre por el pleno del Ayuntamiento alcalareño, estableciendo una "distancia mínima" de dos kilómetros entre las actividades industriales que "utilicen residuos como combustible alternativo" y las "zonas de suelo urbano o urbanizable".

Según la documentación consultada por Europa Press, el recurso de la empresa ha sido recogido por la sección segunda de la sala de lo Contencioso Administrativo del Alto Tribunal andaluz. Por otro lado, el pasado 20 de diciembre, el Ayuntamiento alcalareño ordenó "la remisión al tribunal del expediente administrativo" relativo a la modificación puntual del planeamiento urbano.

De momento, la organización ecologista Alwadi-Ira ha impugnado ante el TSJA la decisión de la Junta de Andalucía de aceptar modificar la autorización ambiental unificada (AAI) de la cementera, precisamente para permitir la incineración de residuos no peligrosos.

"Esa autorización ambiental unificada tiene un montón de fallos, carece de importantes documentos y tenemos discrepancias sobre los valores límite de emisión", manifestó el portavoz ecologista Francisco Gavira, en declaraciones a Europa Press, exponiendo que los ecologistas cuentan con "fundamentos muy sólidos" e informes periciales, para pensar que su impugnación puede derivar en la "anulación" de la citada modificación de la autorización ambiental unificada de la cementera.

Según los ecologistas, que han promovido una campaña social en contra de esta medida, gracias a esta revisión de su autorización ambiental integrada, la planta contaría con disposición de incinerar 292.000 toneladas de residuos al año para su uso como combustible. "Esa cantidad supera a los residuos que procesan todas las cementeras de Andalucía juntas", aseguraron los ecologistas, que alertaron de "emisiones a la atmósfera", con sus correspondientes consecuencias en un área densamente poblada, en la primera corona del área metropolitana de Sevilla.

De manera paralela, Portland Valderrivas ha impugnado también ante la sala de lo Contencioso Administrativo del TSJA el acuerdo plenario adoptado el pasado 7 de octubre por el Ayuntamiento de Alcalá, gobernado por Ana Isabel Jiménez (PSOE), para modificar las normas urbanísticas de la ciudad y establecer unas "distancias mínimas" de dos kilómetros entre las actividades industriales que "utilicen residuos como combustible alternativo" y las "zonas de suelo urbano o urbanizable".

Este extremo, en la práctica, supone un bloqueo a las pretensiones de la cementera de habilitar sus instalaciones para la incineración de residuos no peligrosos para su uso como combustible, dada la cercanía de la planta cementera a los suelos urbanos de Alcalá.

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