El 'marrón' del Bajo Guadalquivir

Los trabajadores de la Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir, en la que se integran siete municipios de Sevilla y cuatro de la provincia de Cádiz, continúan con su tercer día de huelga y su ronda de concentraciones ante distintos organismos y entidades -hoy ante la sede del PSOE sevillano- a los que consideran responsables de la situación que padecen, que ha hecho que unas 200 personas no hayan cobrado las nóminas de octubre y noviembre y un 10% de la de septiembre, a lo que se une la incertidumbre de un diciembre ya avanzado.

Lejos tratarse de un problema puntual, la situación se agrava porque siete meses después de las elecciones municipales la mancomunidad no se ha constituido formalmente con los alcaldes salidos de las urnas, que dieron la mayoría al PSOE, el habilitado para convocar la asamblea. Los Estatutos reflejan además que, al tener mayoría, es el único grupo que puede presentar candidato a la Presidencia. De momento, el ex alcalde de Los Palacios, Antonio Maestre (PSOE), sigue ostentando el cargo en funciones.

Según los representantes de los trabajadores, Maestre -ahora vicepresidente del Consorcio del Huesna, a cuya sede la plantilla trasladó también ayer su protesta- ha renunciado a la firma, con lo que no hay quien rubrique las justificaciones de programas para que lleguen más fondos o solicitar otras subvenciones de las que depende la supervivencia de la mancomunidad. Además de gestionar los residuos urbanos en los municipios sevillanos integrados -con un vertedero en condiciones dudosas, gestionado por una sociedad instrumental con parte de los ingresos embargados por deudas a la Seguridad Social- la actividad de la mancomunidad se centra en la gestión de programas de la Consejería de Empleo, una vez que los fondos europeos al calor de los cuales creció han mermado. De esos programas dependen unos 120 trabajadores, 17 fijos. El resto, hasta los 200 afectados por los impagos, son alumnos de escuelas taller y casas de oficio que, en estos meses, tampoco han recibido la beca de 500 euros al mes que le corresponde.

Detrás del bloqueo en la renovación de la mancomunidad, están, al parecer, las reticencias de los propios alcaldes socialistas a coger la Presidencia en la compleja situación económico-financiera en la que se halla la mancomunidad. Un informe de la Cámara de Cuentas ya alertó en 2009 del caos contable, debido a que, entre otras cosas, no se aprobaba presupuesto ni se liquidaban cuentas desde el año 2003. También ante el futuro incierto que se atisba para todo lo que tenga que ver con la financiación local. De hecho, la mayoría afronta situaciones complejas en sus propios municipios.

Desde que se fundó en 1988, la mancomunidad del Bajo Guadalquivir siempre ha estado presidida por regidores de municipios de Sevilla y de cierto peso poblacional. Dado que en la actualidad IU gobierna en Los Palacios y el PA en Utrera, el foco se ha puesto en la alcaldesa de Lebrija, María José Fernández, que se habría negado a dar el paso, como se estaría resistiendo también el otro alcalde que se perfila como presidente, Francisco José Toajas (PSOE) de Las Cabezas. Los otros municipios gobernados por el PSOE, son más pequeños como Los Molares o El Cuervo o, en el caso de El Coronil, está también alejado del centro neurálgico de la Mancomunidad, que tiene su sede principal en Lebrija.

Los representantes de los trabajadores aseguran que el secretario del PSOE de Sevilla, José Antonio Viera, se comprometió a que la mancomunidad se constituiría en la segunda quincena de noviembre, pasadas las elecciones generales. No ha sido así. Fuentes del PSOE precisaron que puede que hoy, cuando algún responsable del PSOE reciba a los manifestantes, se produzca alguna novedad. A última hora de la mañana, el PSOE emitió un escueto comunicado en el que Maestre, como presidente en funciones, anunciaba que la "reunión formal para convocar la nueva estructura" se celebraría "antes de las fiestas navideñas". A pesar de que faltan sólo díez días para Nochebuena, no se precisó el día.

Ayer mismo, según fuentes de los ayuntamientos consultados, había previstos contactos para intentar dilucidar quién se hace cargo de un organismo al que muchos de los municipios integrados cuestionan. Los alcaldes de Trebujena (IU) y de Sanlúcar de Barrameda (PSOE) reconocían este mismo verano que se estaban planteando su continuidad. También se había manifestado en esa línea el regidor de Utrera, Francisco Jiménez (PA), quien insiste en que el modelo está anticuado y hay que "finiquitarlo", para apostar por algo distinto, que de verdad venga a cubrir servicios básicos y necesarios para los pueblos. Está por ver quién afronta el reto, mientras que los terceros en discordia, los trabajadores, siguen sin cobrar y sin tener un interlocutor válido.