Unos presupuestos bajo tutela

El trámite que los ayuntamientos están obligados a cumplir en abril, de cerrar sus cuentas de 2012 y enviar al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas su liquidación, ha motivado una cascada de informaciones, remitidas desde los gobiernos locales, en las que se destaca el equilibrio, incluso el superávit -más ingresos que gastos-, con el que han cerrado un año muy duro. Los venden como un logro de su gestión. Algunos, arrojan cifras llamativas, de varios millones de euros incluso, teniendo en cuenta el mensaje de auxilio que los ayuntamientos han lanzado o el debate abierto sobre qué servicios puede y debe prestar y pagar un ayuntamiento.

Écija cerró el año con un superávit de 6,5 millones; Espartinas, de 8,4 millones; San Juan, de 3,62 millones; las Cabezas de 2,3 millones de euros. En Castilleja de la Cuesta, se habla de un remanente de tesorería positivo de 1,8 millones y hay más. Pero, más allá de la voluntad política, esos números y los de otros ayuntamientos tienen que ver mucho con la tutela, la fiscalización y las férreas medidas que el Ejecutivo del PP ha implantado desde finales de 2012 para reducir el déficit público. En algunos casos, son obligaciones que ya estaban previstas en la ley para garantizar la viabilidad de los ayuntamientos, pero que se aplicaban con cierta laxitud.

Y lejos de ser exigencias puntuales, se obliga a secretarios e interventores -los políticos han llegado a censurar que son los que van a tener el control de los ayuntamientos- a emitir informes periódicos a Madrid sobre su cumplimiento. Ocurre con los planes de ajuste que tuvieron que elaborar la mayoría de los ayuntamientos para aumentar los ingresos y reducir gastos y hacer frente a los créditos del plan de pago a proveedores. Los técnicos deben certificar cada tres meses al departamento del ministro Cristóbal Montoro que se cumple con lo marcado. En enero, remitieron un primer avance del balance anual.

Pero fuentes del Colegio Oficial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local (Cosital) destacan que esos planes de ajuste no implican necesariamente que un ayuntamiento tenga que tener superávit en 2012, sino que persiguen que pueda hacer frente a la amortización de los créditos a diez años. El objetivo es lograr el equilibrio en los dos primeros, en los que sólo se pagan intereses, y obtener un superávit a partir del tercero, cuando la cuota que se paga al banco -el tipo de interés fijado ha sido visto como otra vía de auxilio a la banca- subirá sustancialmente.

Pero hay ayuntamientos cuya situación económica les ha obligado no sólo a diseñar y aprobar un plan para el pago a proveedores, sino que se han visto forzados a tomar otras medidas, como un plan económico-financiero (cuando están en una situación de "inestabilidad" porque sus ingresos corrientes no cubren gatos corrientes y bancarios); o planes de saneamiento, cuando su ahorro neto venía siendo negativo.

Según las mismas fuentes , estos dos últimos planes "siempre han sido obligatorios", pero no se han cumplido al cien por cien. Los planes económicos financieros los fijó la ley de Estabilidad, de 2001, modificada en 2007 y en 2012. Los planes de saneamiento están previstos en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales desde 2004. Las mismas fuentes de Cosital apuntan que, sin conocer los datos de los municipios que han logrado superávit, puede que en algunos haya confluido el resultado de estos tres planes de obligado cumplimiento, multiplicando el efecto de las medidas de control del gasto y aumento de los ingresos.

El superávit allí donde se ha logrado tendrá que ir, obligatoriamente, a amortizar la deuda con los bancos, como se fijó en la Ley de Estabilidad en la última modificación. Aunque muchas administraciones locales, la Diputación entre ellas, están reclamando a Montoro que se flexibilice para que, al menos en parte, puedan inyectar el dinero que han logrado liberar a la debilitada economía de los pueblos. Parece que ha habido cierta receptividad en Madrid, aunque está por concretarse.

Pero la pregunta del millón es si ese superávit implica realmente que algo ha mejorado en la economía de los ayuntamientos, que están remontando el vuelo y logrando un equilibrio después de una situación crítica en algunos casos. Desde el Colegio Secretarios, Interventores y Tesoreros se aclara que no necesariamente, que dependerá del "realismo" y la rigurosidad con los que se hayan realizado los planes.

Pueden considerarse un síntoma de clara mejoría si se han tenido en cuenta todas las deudas: proveedores, Hacienda, Seguridad Social, cargas urbanísticas, sentencias condenatorias que se antojan próximas, subvenciones que habrá que devolver y que supongan un desembolso económico a corto o medio plazo. No lo será en los ayuntamientos donde se hayan obviado pagos pendientes, que terminarán aflorando y provocando dificultades en el pago de las nóminas y proveedores. Antes el papel lo aguantaba casi todo, ahora la reducción de los ingresos que manejan los ayuntamientos como consecuencia del parón de la actividad urbanística, hará que terminen dando la cara.