El fiscal pide un año de prisión y ocho de inhabilitación para alcalde de Lora de Estepa

  • Guerrero y el constructor al que autorizó varias edificaciones en suelo no urbanizable están acusados de sendos delitos contra la ordenación del territorio.

La Fiscalía ha solicitado una pena de un año de prisión y ocho de inhabilitación para el alcalde de Lora de Estepa (Sevilla), Salvador Guerrero (PSOE), así como otro año de prisión a un constructor al que el regidor autorizó varias edificaciones en suelo no urbanizable.

Tanto Guerrero como el empresario, J.M.D.G., titular de la compañía "Construcciones Metalúrgicas", están acusados de sendos delitos contra la ordenación del territorio.

El escrito de acusación del fiscal, al que ha tenido acceso Efe, relata que el constructor adquirió la parcela, no urbanizable, el 13 de abril de 2005 e inició la construcción de dos naves industriales, una vivienda y una piscina sin contar con permisos, puesto que sólo había pedido licencia para cercar la finca, de 8.000 metros cuadrados.

El propio alcalde, según el escrito, inspeccionó personalmente la finca y le dirigió un escrito al empresario el 12 de agosto de 2005 comunicándole que las obras "eran contrarias al carácter rústico del suelo".

El empresario solicitó permisos ante el Ayuntamiento ese mismo mes, en esta ocasión para "dos naves de aperos y un pajar, un aljibe y un depósito de agua", pero el Consistorio le ordenó la suspensión de las obras y la restitución de la legalidad anterior e incluso el regidor, relata el fiscal, se personó el 1 de septiembre ante la Guardia Civil informándole de estas obras que no eran "autorizables ni lo serían de futuro".

No obstante, según el escrito del fiscal, un mes después, el 30 de septiembre de 2005, el alcalde dio finalmente autorización al constructor para "continuar las obras de tres naves destinadas a pajar, una vivienda rural y un almacén de aperos, así como a la construcción de un aljibe".

El procedimiento penal por este caso comenzó en noviembre de 2005 y el juzgado ordenó la suspensión de las obras en abril de 2006, pero el constructor presentó en mayo de ese mismo año ante el Ayuntamiento un "proyecto de actuación de cuadras y picadero para cría y adiestramiento de caballos", que le daba a la vivienda rural ya construida un "destino administrativo y de servicios".

Este proyecto, posterior a las obras ya levantadas, fue admitido por el alcalde, sin solicitar informe de la Consejería de Obras Públicas y sin haber sido aprobado por el pleno del Ayuntamiento.

La Fiscalía reseña también que las construcciones "no serían autorizables de acuerdo con la normativa vigente en el momento de su construcción", porque "en el suelo no urbanizable no se podrán realizar otras construcciones que las destinadas a las explotaciones agrícolas que guarden relación con el destino y naturaleza de la finca".

Por ello, el fiscal exige que el empresario acusado lleve a cabo la "reposición del suelo a su estado original".

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