La juez reclama "toda" la información fiscal y los movimientos bancarios de Minorbis

La juez de Instrucción número 3 de Sevilla, Patricia Fernández, que investiga las supuestas irregularidades en la reapertura de la mina de Aznalcóllar, ha reclamado “toda” la información fiscal y todos los movimientos bancarios de la empresa ganadora del concurso, Minorbis, al tiempo que ha solicitado el auxilio de la Intervención General del Estado (IGAE) para la realización de un informe pericial sobre la validez de la normativa que regular el concurso público.

En una providencia que tiene fecha del pasado 11 de enero, la magistrada, que inicialmente archivó la causa pero la Audiencia de Sevilla ordenó la reapertura de la investigación, ha acordado realizar un mandamiento a la Agencia Tributaria para que le remita “toda la información fiscal” relativa a las operaciones con terceros y el IVA de las empresas Minorbis, AMC Mining Iberia y Minera Los Frailes –empresa que aceptó la explotación de la mina-.

Además de esa información, la juez ha requerido a varias entidades bancarias para que aporten los listados de “todos los movimientos dinerarios obrantes desde su apertura” en las cuentas de las tres empresas mencionadas, y ha librado un mandamiento a la Seguridad Social para que aporte un litado de “todas las personas que sean o hayan sido empleados de Minorbis y Minera Los Frailes”.

La instructora también ha recabado el auxilio judicial de la Intervención General de la Administración del Estado para que realice un “dictamen completo” sobre la validez de la normativa que regula el concurso público para la adjudicación de las actividades extractivas de explotación de los recursos existentes en la reserva minera de Azncalcóllar”.

La juez encarga en concreto a los peritos que examinen el decreto ley 9/2013, por el que se articulan los procedimientos necesarios para la reapertura de la mina, así como la resolución de 13 de Enero del 2014 de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, por la que se convoca el concurso público para la adjudicación de las actividades extractivas de explotación de los recursos existentes en la reserva minera de Aznalcóllar en la provincia de Sevilla.

Los peritos, prosigue la juez, también deberán analizar “todo el procedimiento seguido desde la revisión inicial de solicitudes hasta la conformación de las sucesivas fases administrativas, comprendiendo los trabajos desarrollados por la comisión técnica y la mesa de contratación que concluyen con la resolución de la dirección general de Industria de 25 de febrero de 2015”, por la que se adjudicó a Minorbis-Grupo México la preferencia en las actividades extractivas de explotación en las cuadrículas mineras comprendidas en la zona de Aznalcóllar.

Por último, la instructora se pronuncia sobre la petición de Emerita, la empresa denunciante, que pidió que se investigara un posible delito de cohecho, tráfico de influencias y fraude porque "algunos, si no todos los miembros de la comisión técnica de la Mesa de Contratación fueron ascendidos inmediatamente después de su participación en la misma, tomando decisiones que, según criterio de la Audiencia Provincial de Sevilla, consta acredita su ilegalidad".

La juez ha requerido a la representación de Emérita para que “identifique a los ascendidos y el contenido concreto del ‘premio o ascenso profesional’, al poder ser estos factores cuestiones relevantes en la presente instrucción”.