La Asociación de Comunidades de Regantes de Andalucía (Feragua) y los más de 200 regantes pertenecientes a la Comunidad de Regantes del Embalse Torre del Águila (Utrera) celebraron este lunes que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir haya retomado las obras para dar agua al pantano de riego en peor situación de la provincia de Sevilla: el embalse de Torre del Águila, que está a poco más del 3% de su capacidad, razón por la que no se ha autorizado que aporte dotación alguna de agua a los cultivos. Lo mismo se ha decidido para el embalse de La Puebla de Cazalla.

Las obras consisten en interconectar este embalse con el canal del Bajo Guadalquivir para trasvasar agua a la presa y atender la urgente demanda de riego de dos centenares de regantes. La obra es urgente para trasvasar aguas y atender así la demanda de riego.

La obra lleva ejecutada desde 2009 pero no se puso en marcha y ha sufrido daños y robos

Como recientemente denunció Feragua, la obra de la estación de bombeo lleva ejecutada desde 2009 pero no llegó a ponerse en funcionamiento, lo que ha dado lugar a que se produzcan robos y actos vandálicos que han inutilizado la estación de bombeo. El trabajo de la Confederación consiste en reparar los daños para que funcione esta interconexión.

Tras las movilizaciones de protesta y después del encuentro con el nuevo presidente de la CHG, los regantes ven el futuro con más esperanza, ya que la obra se ha comenzado después de agilizarse y superarse los trámites administrativos, "algo que demuestra que cuando hay voluntad de hacer las cosas, pueden hacerse", explicó el presidente de Feragua, José Manuel Cepeda.

Los regantes agradecen al nuevo presidente del Confederación del Guadalquivir, Antonio Ramón Guinea, su interés en este asunto pero le piden que extreme la vigilancia para que el proyecto se ejecute con celeridad y haya al menos una bomba disponible a principios de julio. El regadío de la zona necesita esta bomba para salvar así parte de la campaña de riego. Los doscientos regantes de Torre del Águila se movilizaron para protestar por lo que iba a ser "una catástrofe económica y social" en el entorno, con unas pérdidas estimadas de 10 millones de euros.