JUSTICIA

Juzgados fuera de red

  • Las aplicaciones del sistema informático implantado en los tribunales son limitadas. Los funcionarios proponen soluciones para mejorar el rendimiento de estas herramientas y evitar errores

El presidente de la Audiencia de Málaga, Francisco Arroyo, realiza las estadísticas de sus juzgados a mano. Trabaja a diario con el sistema Adriano, el programa informático de la Administración de Justicia en Andalucía que, según confirma el magistrado, carece de aplicaciones que sus usuarios consideran básicas y que retrasa el trabajo de los funcionarios. En los juzgados andaluces hay 6.000 ordenadores y sistemas de grabación en DVD en las salas de vistas, para lo que se ha invertido cerca de 30 millones de euros, pero algunos funcionarios de Sevilla, por ejemplo, siguen utilizando el bolígrafo para corregir pequeños datos que el sistema no reconoce. “Nosotros decimos: ¡pásame el portátil! Y con el bolígrafo cambiamos algún número o nombre que esté mal”, comenta un funcionario afiliado al sindicato CSIF.

La informática llegó a los juzgados andaluces a finales de los 90. Concretamente, la primera experiencia piloto se realizó en el mes de diciembre de 1997 en la Audiencia Provincial de Cádiz. Tras esta práctica se inició el despliegue del sistema Adriano de forma progresiva: primero la Audiencia de Sevilla, luego los juzgados de instrucción de esta misma ciudad y posteriormente el resto de órganos y jurisdicciones. Sin embargo, desde su nacimiento, esta iniciativa informática ha recibido tantos aplausos como abucheos. Por un lado, el premio Computerworld 2003 a la innovación tecnológica recibido y, por otro, las críticas de abogados y jueces, incluido el presidente de la Audiencia de Cádiz, Lorenzo del Río, que en los últimos días ha señalado la necesidad de profundizar en el sistema y en la coordinación informática de jueces y fiscales. “He comprobado un gran avance, pero creo que el sistema está poco explotado y algunas personas, especialmente los de mayor edad, se resisten y lo utilizan como una máquina de escribir con memoria”, afirma José Luis Utrera, juez de familia en Málaga.

Estos desajustes se han puesto de manifiesto una vez más tras conocerse que, Santiago del Valle, el detenido por el asesinato de la pequeña Mari Luz, estaba en libertad a pesar de existir una resolución que lo condenaba a prisión y que no se ejecutó porque la funcionaria encargada de hacer el trámite estaba de baja laboral. Pero el caso de Mari Luz Cortés no ha sido el único. Tras una sentencia firme en febrero de 2007 y la posterior desestimación del recurso de casación en noviembre del mismo año, la Audiencia de Sevilla no ordenó hasta el pasado mes de marzo que le notificaran al individuo condenado a 14 años de prisión por agredir sexualmente a su hijastra su ingreso en prisión por unos hechos ocurridos en 1992. O el caso de la juez de Motril Adelina Entrena, suspendida por no ordenar la liberación de un preso que había sido absuelto un año antes. Sin entrar en el origen del fallo, parece claro que una buena herramienta informática, usada de la forma más eficiente, ayudaría a evitar olvidos y otros errores humanos.

Según confirman fuentes de la Consejería de Justicia, las bases de datos de los juzgados son independientes y no están interconectadas entre sí. Sólo los juzgados de guardia, a través del programa Nautius que realiza el reparto de los casos entre los juzgados, puede ver si un interviniente tiene alguna causa abierta en otro juzgado. Esta consulta de antecedentes se puede realizar en todos los juzgados pero, si no es durante una guardia, sólo se accede a la base de datos del propio órgano, pues la herramienta funciona como un buscador sin conexión a otros juzgados.

También existe un Registro Central de Penados y Rebeldes donde se inscriben todos los condenados, una base de datos a la que pueden acceder los jueces y secretarios judiciales de cualquier órgano judicial de España. Pero tampoco es perfecta, pues en esta lista sólo aparecen las sentencias firmes, ya que la ley de protección de datos impide conocer la situación de los distintos procesos en curso. Eso sí, los juzgados tienen una línea de datos con la Dirección General de la Policía a la que puede acceder la Policía Judicial adscrita a los juzgados.

El problema no parece estar en el sistema informático, sino en su aplicación. Magistrados y funcionarios que trabajan a diario con este sistema tienen su sus propias sugerencias para mejorar el rendimiento informático. Una de ellas sería un “programa de alerta que avise al usuario del ordenador en los días previos al vencimiento del plazo máximo de prisión preventiva, por ejemplo”, opina Francisco Arroyo, presidente de la Audiencia de Málaga. “O que te avise al cabo de varios días de que aún tienes un caso por archivar”, comenta un abogado cordobés que prefiere mantenerse en el anonimato. “Todas las comunidades autónomas deberían tener el mismo sistema informático y los abogados deberíamos poder acceder con una clave a los expedientes de nuestros clientes”, añade.

Este mismo abogado recuerda como estuvieron a punto de ordenar la búsqueda y captura de uno de sus defendidos. “Mi cliente perdió el auto de comparecencia y, cuando se presentó en el juzgado, no aparecía en la base de datos, ya que en su día el funcionario se equivocó en una letra a la hora de escribir el apellido y le dijeron que se marchara”.

No hay un único sistema informático, los fiscales tienen uno propio. En los juzgados de lo Penal de Sevilla se implantó en junio de 2007 una herramienta informática llamada Fortuny, pero ésta tampoco permite saber en qué estado se encuentran las resoluciones que deben ejecutar los jueces ni las sentencias que están pendientes.

A estas limitaciones informáticas se suma la falta de recursos humanos y la saturación de los órganos judiciales. “Hemos pasado de la Edad Media a la Edad Moderna, pero todavía falta personal, las vacantes no se cubren a tiempo y se crean agravios comparativos entre juzgados”, critica la abogada de familia en Málaga Gabriela Domingo. Su colega María Pérez Galván, abogada en Sevilla, confirma la existencia de “ciudadanos de primera y de segunda”, en función de los recursos del juzgado al que pertenezcan.

La falta de formación complica la situación. “Cuando falta personal, se suele recurrir al Servicio Andaluz de Empleo, pero envían a personas que nunca han pisado un juzgado”, matiza el presidente de la Audiencia de Málaga, que insiste en que no todo es informática. De muestra, un botón: en el juzgado de Instrucción número 1 de Marbella hay en estos momentos cuatro trabajadores, justo la mitad de su plantilla.

Los funcionarios y magistrados afectados creen que el caso de los juzgados está visto para sentencia. Sólo falta que alguien apriete la tecla para ejecutar la solución.

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