Condenado por chantajear al dueño de una discoteca que fue apaleado

Se trata de un guarda de seguridad que trató de extorsionar al propietario de la sala "Boss", acusándole de incitar a los jóvenes que le propinaron una paliza

Efe, Sevilla

04 de junio 2008 - 19:20

Un guarda de seguridad ha sido condenado a siete meses de cárcel por intentar chantajear a Rosauro Varo, dueño de la discoteca "Boss", al que exigió 20.000 euros para no acudir a programas de cotilleo y acusarle de haber provocado a los jóvenes de estética "cani" que le dieron una paliza.

La sentencia del juzgado penal 4 de Sevilla, a la que ha tenido acceso Efe, explica que el acusado M.P.O., de 28 años, se puso en contacto en febrero de 2005 con un empleado de "Boss" y le dijo que deseaba contactar con Varo en relación a la agresión que éste había sufrido por parte de un grupo de "canis", que luego fueron condenados a casi dos años de cárcel cada uno.

Dice la sentencia que el acusado aseguró tener "una versión alternativa de lo sucedido, según la cual Rosauro Varo era el que había agredido o provocado primero a los jóvenes", y tenía el ofrecimiento de contarlo en programas de cotilleo, "dando a entender que si Rosauro le pagaba, no diría nada".

El empresario, tras denunciar los hechos a la Policía, concertó una entrevista el 4 de marzo de 2005 en una cafetería de la avenida República Argentina de Sevilla, donde el acusado le dijo "que necesitaba un coche y que las televisiones le habían ofrecido hasta dos millones y medio de pesetas, y que si se las daba se callaría", relata el juez.

La entrevista estuvo vigilada por dos agentes de Policía apostados en la misma barra que "escucharon lo sustancial de la conversación", y en ella el guarda fue tanteando al empresario con distintas cantidades "para acabar diciéndole que, si le daba 20.000 euros, no iría a la prensa".

La sentencia considera demostrado un delito consumado de amenazas y precisa que la versión del acusado de que Rosauro fue el primero que le ofreció dinero "no era cierta, es absurda y contradice los hechos probados en una sentencia firme".

El juez impone a M.P.O. el pago de una indemnización de 1.500 euros por el daño moral causado y además el pago de todas las costas, entre ellas la del abogado Marcos Cañadas, que ejerció la acusación particular.

Entiende el juez que junto a "la inquietud, la preocupación, la angustia o el deshonor" que pudo sufrir el empresario, las amenazas de acudir a programas de cotilleo le ponían "ante la perspectiva de tener que soportar los lamentables comentarios y las excogitaciones pintorescas que suelen menudear en los foros a los que pensaba acudir el acusado".

Ello sin tener en cuenta "las molestias y el temor, para una persona con cierta relevancia pública, de verse involucrada en cotilleos referentes a un asunto bajo conocimiento de los tribunales".

Además, el juez lamenta que el acusado "pretendía algo tan irritante para el que ha sufrido una agresión brutal e inmotivada como es presentarle como agresor o provocador de la propia agresión sufrida".

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