La Fiscalía pide 13 años para el dueño de Contsa por estafa "piramidal"

La Fiscalía de Sevilla ha solicitado una condena de 13 años de prisión para el dueño de la inmobiliara Contsa, José Salas Burzón, y otros seis años para su esposa, Carmen B. D., a los que atribuye en distinto grado delitos societario, de estafa e insolvencia punible, en relación con la quiebra de esta sociedad de "estructura piramidal" en cuyas cuentas dejó un agujero de 87 millones de euros y un total de 1.658 acreedores. En el escrito de conclusiones provisionales presentado en el juzgado de Instrucción número 17 de Sevilla, que investiga el caso desde 2008, la Sección de Delitos Económicos de la Fiscalía señala que la "principal actividad real" de Contsa era la captación de nuevos prestamistas, mediante los denominados "préstamos participativos", en los que ofrecían unos intereses de entre el 5% y del 45% -siendo el más frecuente el 20%- para así ir atendiendo el pago de los intereses de los anteriores, así como de aquellos que no renovaban los créditos, creando de esta forma una "estructura piramidal".

Además de los elevados intereses, ofrecía "el atractivo" de no declarar las inversiones ni sus rendimientos a la Hacienda Pública ni la práctica de ninguna retención, hasta el punto de que, según la Fiscalía, Salas Burzón "contaba en la sociedad con un número de acreedores respecto de los que sí lo hacía en A y un segundo grupo de acreedores opacos o en B". Este hecho explica que cuando uno de los acreedores presentó un concurso en el juzgado de lo Mercantil al no recuperar su dinero, Contsa tenía 1.653 acreedores, cuando sólo se había declarado 653, y había dejado de pagar intereses por importe de unos cinco millones.

El escrito de acusación detalla que hasta noviembre de 2005 el capital social de Contsa Corporación Empresarial S. A. era de tres millones de euros, siendo Salas Burzón el único accionista, pero éste, "movido por el deseo de captar inversores y para aparentar la solvencia de la que carecía frente a terceros, principalmente frente a inversores, acometió un fuerte aumento de capital social, siempre ficticio y que no respondía a la realidad". El capital social se amplió hasta ocho millones, mediante la suscripción de seis pólizas de crédito, y una vez que se realizó la aportación de capital, "actuando como administrador de la entidad, adquirió un paquete de acciones de diversas entidades cotizadas en bolsa, que al mismo tiempo pignoró contra la deuda de las citadas entidades". Pero al vencimiento de estos efectos, al resultar impagadas, fueron ejecutadas por las entidades bancarias. El fiscal considera que Salas Burzón acudió a esa ampliación de capital "para lograr una apariencia de solvencia en el mercado", pero lo hizo con una financiación externa de la que respondía con los bienes de la sociedad, con lo que en realidad Contsa "financió al acusado". De igual forma, realizó cambios en la sociedad, admitiendo acciones sin voto, un cambio que según la Fiscalía se produjo ante la "inminente insolvencia de seguir pagando los intereses de los inversores en la sociedad" y de igual forma comenzó a ofrecer a inversores la conversión de sus créditos o parte de los mismos en estas acciones sin voto, llegando a convertir en accionistas a 433 acreedores.