La Hispalense defiende el ahorro que suponían las prejubilaciones docentes

  • El Tribunal de Cuentas es el que ha paralizado este programa al abrir una investigación

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La decisión de la Universidad de Sevilla de suspender el Premio a la Jubilación Voluntaria ha tenido secuelas. La primera en reaccionar a esta medida, que afecta a 59 docentes que habían solicitado acogerse a dicha prejubilación, ha sido la propia institución académica, que ayer defendió el programa puesto en marcha hace seis años como una renovación de la plantilla de profesores de la manera más económica posible.

Fuentes de la Hispalense indicaron a este periódico que el Premio a la Jubilación Voluntaria suponía un "ahorro", ya que "resultaba más barato contratar a un profesor joven que pagar el sueldo a uno antiguo". Además, esta medida suponía la renovación de una plantilla durante una época en la que la Universidad de Sevilla se ha tenido que adaptar al nuevo Espacio de Educación Superior (Plan Bolonia).

El éxito de esta fórmula ha sido tal que la Universidad de Sevilla aprobó el pasado 20 de diciembre una nueva convocatoria a la que se habían acogido 59 docentes. Sin embargo, la Hispalense se ha encontrado este año con las directrices marcadas por el Ministerio Fiscal a raíz de la investigación que lleva a cabo el Tribunal de Cuentas sobre dicho programa. Este estudio no se realiza sólo en esta universidad, sino que se extiende a otras 33 que aplican un sistema de prejubilación similar.

La universidad, por tanto, ha decidido dejar de incentivar las jubilaciones voluntarias como medida de cautela ante la investigación del Tribunal. Lo que ocurrirá con aquellos profesores que ya se han acogido a ellas es una incógnita que ni la propia institución es capaz de despejar. La Universidad tampoco tiene intención de desvelar el desembolso al que ha hecho frente desde 2006 con estos incentivos, cuyo fin era equilibrar la pensión a la que se acogían estos docentes con el salario que recibirían de seguir en activo (sin contar con los pluses).

La cuantía a percibir por cada profesor procedía del fondo de acción social universitario y variaba en función de los cargos académicos del beneficiado y su edad. Cada año el plazo de ofertas variaba. A pesar de que el límite establecido era de 100, nunca se llegó a esta cifra, que oscilaba siempre entre 50 y 60. De igual manera, sólo se atendía un máximo de tres solicitudes por cada área de conocimiento, con el intento de equilibrar la plantilla docente. En todo caso prevalecía la petición del profesor que llevara más años de servicio en la Universidad. La percepción de este premio podía quedar suspendida si el seleccionado desarrollaba alguna actividad privada o pública.

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