La Junta remite al BOJA el pliego de condiciones de Isla Mágica

  • El nuevo contrato pretende resolver el futuro del parque tras la marcha de las cajas de ahorros como accionistas

La Consejería de Economía y Hacienda remitió el viernes al Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) el documento con el pliego de condiciones técnicas y administrativas redactado del contrato para ofertar de nuevo la explotación del parque temático de Sevilla, Isla Mágica, según indicaron ayer a Europa Press fuentes de la Junta, que precisaron que una vez remitido, la publicación debe producirse "en breve".

Fuentes de la Junta precisaron que la remisión al BOJA se produjo el pasado viernes, después de que la Dirección General de Patrimonio de la citada consejería redactara este pliego de condiciones. Hoy expiraba el periodo de dos meses comprometido por la Consejería de Economía y Hacienda para licitar de nuevo el contrato de explotación de Isla Mágica, en virtud del acuerdo alcanzado entre el Gobierno andaluz -propietario de los suelos junto a la Agencia Estatal de Gestión de Activos (Agesa)-, y los principales accionistas, las cajas de ahorro Cajasol y Unicaja.

El presidente del comité de empresa del parque temático de Sevilla, Joaquín Jiménez (CCOO), dijo ayer que el pliego de condiciones técnicas y administrativas fue redactado para ofertar de nuevo la explotación de este negocio modificando sustancialmente los términos del contrato actual, ya resuelto por Cajasol y Unicaja para dar lugar al citado procedimiento.

El citado acuerdo pretende resolver el futuro del parque después de que las cajas de ahorro decidieran resolver su contrato de explotación dadas las dificultades económicas derivadas de la concesión administrativa actual, que obliga a Isla Mágica a abonar un canon por activos patrimoniales en desuso y carentes de interés para este negocio.

En el citado acuerdo de resolución se garantiza la continuidad de la actividad y de la plantilla vigente, así como el abono de la deuda contraída por Isla Mágica en concepto de cánones e Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y la remuneración a los actuales accionistas de los activos generados, esto es, la parte no amortizada de los bienes inmuebles o la compraventa de los bienes muebles hasta aproximadamente 37 millones de euros.

El nuevo contrato, no obstante, recogerá la ampliación de la concesión administrativa hasta los 50 años reduciendo el canon anual de los 800.000 euros actuales a los 265.000 euros con la salida de la concesión de diversos activos patrimoniales no útiles para este negocio, que de otro lado ganaría un incremento de edificabilidad de 58.000 metros cuadrados en otros sectores.

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