El dueño de Larena 98 ratifica que le ofrecieron contratos y una ITV

El dueño de Larena 98, Antonio Pardal Reyes, ratificó ayer la declaración que hace casi siete años prestó ante la juez Mercedes Alaya y en la que aseguró que los responsables de Mercasevilla y del Ayuntamiento le ofrecieron la posibilidad de instalar una ITV o hacerse con contratos municipales de vía pública, a cambio de que pusiera fin a su relación con la empresa pública y cediera a la entidad Sanma un derecho de superficie que tenía sobre varias parcelas de la lonja.

En su declaración en el juzgado de lo Penal número 13 de Sevilla, que estuvo marcada por los problemas de audición del testigo, que tiene 80 años, Antonio Pardal aseguró en su declaración ante la juez Yolanda Sánchez que "no puede asegurar" que fuese el entonces director del área de Vía Pública y uno de los principales acusados, Domingo Enrique Castaño, quien le ofreció hacerse con el contrato de mantenimiento de Vía Pública de Sevilla, que se había presupuestado en 1,2 millones de euros, según reconoció cuando declaró en la fase de instrucción, el 8 de marzo de 2010, en su comparecencia en el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla.

En la decimotercera sesión del juicio por las supuestas irregularidades en la venta de los suelos de Mercasevilla, Antonio Pardal, explicó ayer que tras esa declaración ante Mercedes Alaya, fue llamado por la Policía Nacional el 31 de marzo de 2010 para que identificara a Domingo Enrique Castaño en una serie de fotografías y precisó que siete años después "no puede asegurar que fuese él" quien le hizo tal ofrecimiento, dado que "no le pone cara" al ex director del área de Vía Pública.

El testigo explicó que en el año 2003 negoció con el entonces subdirector de Mercasevilla Daniel Ponce la adquisición de un derecho de superficie para construir unas naves industriales en los terrenos del Mercado mayorista, pero dijo que la construcción de dichas naves fue "imposible" porque el Ayuntamiento no les concedió la licencia dado que el suelo estaba catalogado en el PGOU como de uso residencial. Pardal llegó a Mercasevilla a través del abogado de la lonja Armando Rozados, al que conocía porque era "amigo de su familia".

Al no ser posible la construcción de las naves, según el testigo, los directivos de Mercasevilla le ofrecieron la posibilidad de instalar una Inspección Técnica de Vehículos (ITV) o un lavadero de coches en el suelo de una de las naves, y también le brindaron la posibilidad de hacerse con el contrato de mantenimiento de Vía Pública.

Pardal añadió que Daniel Ponce le comunicó que había otra empresa interesada en subrogarse el derecho de superficie -en alusión a Sanma-, para lo cual negociaron empezando por un precio de unos 300.000 euros y al final se alcanzó a la cantidad de 1.080.000 euros -en la que no estaba incluida la fianza que su empresa había depositado-, con lo que se puso fin a la demanda que Larena 98 había presentado contra Mercasevilla.

El testigo, al igual que declaró en la fase de instrucción, reconoció que se reunió con el entonces alcalde, Alfredo Sánchez Monteseirín, aunque en esta ocasión no fue preguntado por el contenido de aquellas reuniones. Sí afirmó que Mercasevilla buscó "a un tercero para ver si se podía hacer con el negocio" de Larena 98.

En su declaración del 8 de marzo de 2010, Antonio Pardal dijo que el alcalde le garantizó que "no iba a salir perjudicado" ante la imposibilidad de construir las naves en Mercasevilla y en esa declaración fue más contundente que en su comparecencia de ayer, puesto que antes no dudó en afirmar que recibió ofertas "ilegales" para que finalizara su relación con el mercado, extremo sobre el que no se pronunció ayer ni fue preguntado por la Fiscalía.

Ante Alaya, el testigo afirmó incluso que el concurso público para la adjudicación del derecho de compra de los terrenos de Mercasevilla estaba "amañado" y había "gato encerrado" porque, a su juicio, no tenía dudas de que Sanma se subrogó el contrato de las naves porque como contrapartida se le iba a adjudicar el concurso de los suelos.

En la sesión de ayer también declaró un miembro de la asesoría jurídica de la constructora Sanma, José María Flores, quien reconoció que intervino en el contrato que se suscribió con Larena 98 para la subrogación del derecho de superficie que ésta tenía en Mercasevilla, para lo cual mantuvo diversos contactos vía telefónica y se cruzó correos electrónicos con el letrado de la lonja, Armando Rozados.

El fiscal preguntó a este testigo sobre el "protocolo de intenciones" suscrito entre Mercasevilla y Sando para la firma de la operación de Larena y la venta de los terrenos, dos operaciones que según el testigo eran paralelas y "en absoluto" estaba supeditada la operación del derecho de superficie de Larena con la de la venta de los suelos, para la cual se había establecido un precio de 108 millones de euros.

Dos técnicos de la Gerencia de Urbanismo que también comparecieron en el juzgado coincidieron en manifestar que Larena 98 no obtuvo la licencia municipal para construir las naves en Mercasevilla porque esta sociedad desatendió los requerimientos para subsanar las deficiencias detectadas en el proyecto.