La empresa Minorbis ha recurrido la decisión de la juez de Instrucción número 3 de Sevilla de encargar a la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) la realización de un dictamen jurídico completo sobre la validez de la normativa que regula el concurso público objeto de investigación y de todo el procedimiento seguido en el mismo.

El abogado Juan Carlos Alférez ha recurrido la providencia de la magistrada, al considerar que una "pericial jurídica está proscrita por el ordenamiento jurídico", al tiempo que considera que es "innecesarias" por cuanto "confía plenamente en la capacidad jurídica de la instructora" y además porque el procedimiento seguido desde la revisión inicial de solicitudes hasta la resolución de la adjudicación del concurso de la mina de Aznalcóllar están siendo "actualmente dirimidas en la jurisdicción Contencioso-administrativa, sede verdaderamente competente y experta, a diferencia de la IGAE, para decidir sobre la conformidad a Derecho y regularidad de la actuación administrativa que se trata de analizar".

La defensa insiste en que los funcionarios de la IGAE -que en su día hicieron el informe de los ERE fraudulentos- "carecen de los conocimientos necesarios para emitir aún, siquiera, una opinión válida y mínimamente solvente sobre legislación minera y, menos aún, para valorar normas jurídicas dictadas por un Parlamento autonómico en el ejercicio legítimo de sus competencias legislativas". La IGAE es "sólo competente para el auxilio judicial en materia contable, no jurídica, menos aún de derecho minero y nunca de derecho autonómico", añade el defensor, que insiste en que este órgano de la administración central "carece de competencias funcionales para abordar la pericial jurídica acordada".