El PSOE lleva al Congreso el "calvario" de la sargento del Seprona

El caso de la sargento primero del Seprona de la Guardia Civil de Sevilla, que responde a las inciales M.S., ha llegado al Congreso de los Diputados, donde la diputada socialista Zaida Cantera ha efectuado varias preguntas parlamentarias relacionadas con este asunto. La sargento primero denunció unas presuntas irregularidades en su unidad, que derivaron en una investigación judicial que terminó siendo archivada. Una vez acabada esta investigación, fue cambiada de destino y destinada a las conducciones de presos en Madrid. A día de hoy, la suboficial sigue fuera del Seprona, pese a que cuenta con una sentencia judicial que ordena su reincorporación inmediata.

En el texto presentado el pasado 13 de enero y dirigido a la Mesa del Congreso, la representante socialista expone que su grupo parlamentario "ha recibido ciertas informaciones de que a raíz de una investigación interna de la Guardia Civil, resultan implicados en unas supuestas acciones delictivas un cabo primero y un guardia civil destinados en la sección del Seprona de Sevilla, quienes presuntamente habrían dado un trato de favor a varias empresas del sector de la recogida y almacenamiento de aceites vegetales usados, no cursando una denuncia interpuesta contra dichas empresas en el año 2011".

Cantera añade que, en el marco de la operación Seda, "se instruyen diligencias policiales contra dichos miembros de la Guardia Civil destinados en el Seprona de Sevilla, pudiendo ser los hechos detectados consultivos de hurto, estafa, falsedad documental, delitos contra la Hacienda pública, motivando la incoación de diligencias previas en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Sanlúcar la Mayor". La investigación judicial se archivó sin que se pudieran depurar responsabilidades "por la presunta inacción de sus superiores -refleja la diputada-, dada la existencia de un retraso injustificable en las diligencias y actuaciones que se debieron llevar a cabo, lo que motivó la prescripción de tales ilícitos penales". El escrito del Grupo parlamentario del PSOE expone que la sargento responsable de la investigación "ha sufrido un auténtico calvario" y tiene diez procedimientos judiciales abiertos, representada por el abogado Fermín Vázquez.

"Es de reseñar que su historial profesional, con más de 20 años de servicio, tiene una hoja de servicios intachable y una decena de destinos a sus espaldas por toda España, ejerciendo funciones de mando en puestos de seguridad ciudadana y equipos de investigación de la especialidad del Seprona", apunta el texto, que recuerda que las denuncias contra la suboficial surgen después de que alertara de las presuntas irregularidades en la unidad. Asimismo, el escrito hace referencia a un teniente que en su día también declaró y denunció en el seno de la Guardia Civil el mismo fraude y sufrió "traslados de puesto, apertura de procedimientos y sanciones".

Ante esta situación, el PSOE formula hasta seis preguntas. La primera de ellas es la siguiente: "¿Qué va a hacer el Gobierno para evitar que denuncias de actuaciones irregulares de miembros de nuestras Fuerzas de Seguridad queden impunes como consecuencia de la dilatación en el tiempo de las actuaciones que se debieran llevar a cabo en tiempo y forma, y que las mismas queden sin sanción por haber prescrito?".

A continuación, la diputada plantea cuántas actuaciones contra miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado han quedado archivadas desde 2011 como consecuencia de que los hechos hayan prescrito. "¿Piensa el Gobierno articular algún tipo de medida o protocolo para proteger a las personas que denuncian actuaciones irregulares, en especial aquellos casos en los que se ven implicados altos mandos de la Guardia Civil y la Policía Nacional?", es la tercera cuestión. La cuarta pregunta entra ya en el caso particular de la sargento y hace referencia a la denuncia presentada contra el coronel jefe de la Comandancia de Sevilla, Fernando Mora Moret, "por gritarle en un despacho cerrado, oyéndose sus gritos en toda una planta del edificio en el que se encontraban".

Un juez togado militar archivó los hechos al calificarlos como una "riña paternal". La diputada pregunta al Gobierno si considera que esta calificación "contribuye a calmar los ánimos y garantizar la normalidad del servicio". "Si quien hubiera sido objeto de dichos gritos hubiese sido un suboficial de la Guardia Civil en lugar de una suboficial ¿también habría sido calificada la situación de riña paternal o se le otorga tal calificativo por ser una mujer la destinataria de los gritos?", continúa la parlamentaria, que zanja su escrito así: "Este tipo de calificativos reiterados en la jurisdicción militar ponen en evidencia una falta de formación y sensibilidad preocupante en materia de igualdad de género, ¿piensa el Gobierno adoptar algún tipo de medidas para formar al personal integrante de la jurisdicción militar en materia de no discriminación por razón de género?".