Segundo recurso del PSOE por el cambio en contratos menores de 200.000 euros

  • El contencioso plantea que se suspenda el acuerdo que limita su publicación El PP dice que sólo es una "pequeña modificación".

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El Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Sevilla ha presentado un segundo recurso contencioso-administrativo, esta vez ordinario, contra el Consistorio por el acuerdo del gobierno local que deja fuera de control público y limita la libre concurrencia de proveedores para aquellos contratos que estén por debajo de los 200.000 euros. Sólo serán de obligada publicación en el perfil del contratante municipal los contratos de obras que superen los 200.000 euros y los de servicios y suministros superiores a 60.000 euros. La horquilla intermedia se publicará "dependiendo de la voluntad del gobierno local", frente a la situación anterior en la que se publicaban todos, independientemente de su cuantía. La medida fue aprobada por la Junta de Gobierno el pasado 7 de marzo.

El PSOE pide la suspensión cautelar del acuerdo hasta que se dicte una sentencia por entender que es "nulo de pleno derecho" ya que el Plan de Ajuste aprobado en Pleno obliga a la publicidad de absolutamente todas las contrataciones sin límite de cuantía, una decisión que ha sido modificada "ilegalmente" por acuerdo de la Junta de Gobierno. El primer recurso del PSOE, el pasado marzo, no fue admitido por el juez al reclamar la protección del derecho fundamental de participación política, una vía rápida que no fue estimada en lo formal pero abría la posibilidad de recurrir al contencioso ordinario en defensa del fondo del asunto.

La delegada de Hacienda del Ayuntamiento, Asunción Fley, ha respondió ayer que "es sorprendente la obstinación" del PSOE en denunciar "una pequeña modificación" en la tramitación de los contratos menores que está "plenamente justificada" por motivos de eficacia y operatividad y que en ningún caso supone "un menoscabo" de información para el ciudadano ni para la oposición. "El único cambio se debe a que en algunos casos el ahorro que se consigue con dicha publicidad, que era el objetivo de la medida, se ve anulado por los costes indirectos que supone su tramitación, por lo que no tiene sentido", recalcó Fley.

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