Urbanismo 'blindará' con una cláusula jurídica la reforma del Ruiz de Lopera

  • El Real Betis pretende limitar la remodelación del estadio a un gasto máximo de 25 millones de euros · Los beneficios de la recalificación ascienden hasta 60 millones

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Una cláusula jurídica ex novo que evite problemas y garantice en todo momento el cumplimiento de lo acordado. La Gerencia de Urbanismo de Sevilla ha decidido modificar parcialmente el Estudio de Detalle -documento de planificación urbanística- aprobado por el gobierno local (PSOE-IU) en septiembre a instancias de la dirección del Real Betis Balompié. Merced a este documento, la entidad que lidera Manuel Ruiz de Lopera, máximo accionista de la sociedad anónima deportiva verdiblanca, pretendía repartir todas las plusvalías urbanísticas que el Ayuntamiento le ha otorgado para poder terminar su estadio en tres volúmenes edificados distintos: una torre exenta junto a la avenida de la Palmera, el actual coliseo y un nuevo edificio situado en la parcela municipal ubicada frente al antiguo Villamarín.

La resolución municipal, que ha sido adoptada en el periodo de autoevaluación abierto a raíz del periodo de exposición pública del citado texto urbanístico, se debe a una alegación presentada por la plataforma Por Nuestro Betis, uno de los grupos opositores a la actual dirección del club verdiblanco, que alerta del riesgo real de que los aprovechamientos urbanísticos establecidos por convenio -y desarrollados en el citado Estudio de Detalle- sean cedidos por los actuales directivos del Betis en favor de una empresa patrimonial distinta a la propia entidad verdiblanca. En concreto, los ponentes de esta alegación -José Antonio Tirado e Íñigo Vicente- mencionan en su escrito la existencia contrastada de "un contrato de cesión de derechos urbanísticos entre el Betis y un tercero".

Este grupo de béticos reclama al Ayuntamiento que acceda a cambiar el proyecto al que había dado luz verde inicialmente para que, en lugar de tres edificios distintos, toda la edificabilidad concedida al Betis se concentre exclusivamente en el futuro coliseo. A juicio de esta plataforma, ésta es la única vía de evitar que la dirección del Betis ceda a una empresa los derechos urbanísticos concedidos exclusivamente a la sociedad anónima deportiva. El Ayuntamiento, sin embargo, ha decidido descartar esta opción -que obligaría a cambiar de forma sustancial el Estudio de Detalle y volver a tramitarlo desde el origen- pero, a modo de cautela, tiene ya decidido incluir un corpus jurídico a este texto urbanístico, en su trámite de aprobación definitiva, para que figure una cláusula jurídica específica que impida que la construcción de las zonas lucrativas del Betis se haga antes, o durante, la ejecución del proyecto del estadio diseñado por el arquitecto Antonio González Cordón.

Esta exigencia legal permitiría al Consistorio contar con argumentos para suspender la concesión de la licencia de obras necesaria para construir las nuevas zonas lucrativas que irán adosadas al estadio. Al menos, hasta que el nuevo coliseo esté totalmente terminado y su ejecución arquitectónica sea fiel en todo momento al plan de remodelación presentado en su momento. El blindaje, por tanto, obligaría al Betis a gestionar la operación en dos fases diferentes: primero, la construcción del nuevo estadio; después, una vez hecho esto, la remodelación para habilitar los edificios terciarios (comercial y oficinas) que rodearán al estadio.

Dicha cláusula jurídica vendría a quebrar por completo los planes de la actual dirección del equipo verdiblanco. Según fuentes verdiblancas, el máximo accionista del club ha hecho saber a su núcleo de confianza que la remodelación del coliseo no será ya la que en su día proyectó González Cordón, con el que, por cierto, no se ha contado para elaborar el Estudio de Detalle. Lopera quiere limitar el gasto necesario para remodelar el coliseo que lleva su nombre a un máximo de 25 millones de euros. Con este dinero se construiría el Gol Sur -para esta reforma ya cuenta con licencia- y se le daría un relativo lavado de cara a la zona de preferencia, que, sin embargo, seguiría con su fisonomía actual. El Betis quiere limitar los cambios en esta zona del antiguo Villamarín a los vestuarios, la sala de prensa y alguna otra dependencia más, aunque sin tocar la mayor parte de la edificación existente, lo que supone un cambio notable con respecto al proyecto prometido en su día.

El problema es que entre la cantidad necesaria para la reforma bendecida por Lopera -25 millones de euros- y el beneficio potencial que se derivaría para el Betis de la recalificación urbanística global -60 millones de euros- hay una diferencia más que notable: 35 millones de euros. Las dudas saltan a la vista: si el dinero no se usa en la remodelación del coliseo, ¿quién se quedará con él? ¿El Betis? ¿Una tercera sociedad? La nueva garantía legal prevista por el Consistorio, que viene a formalizar un espíritu mostrado por el gobierno local desde que en 2004 aprobase el convenio de recalificación urbanística del Betis, vendría a hacer del todo imposible cualquier modificación, por la vía de los hechos consumados, de las condiciones generales de la operación pactadas en su momento. El interés municipal en controlar al máximo la operación es comprensible no sólo por motivos políticos -la recalificación del Betis ya fue en su momento muy polémica; no digamos ya si los beneficios económicos de esta operación llegan a transferirse a una entidad privada ajena al club verdiblanco-, sino porque la parcela ubicada junto al estadio -necesaria para la reforma- es de titularidad municipal. El Ayuntamiento la entregará al Betis para dar viabilidad a la reforma. De hecho, el Betis ha iniciado ya los trámites para que dicho solar le sea cedido por parte del Consistorio. Una vez entregado este terreno, Urbanismo no tendría ya otro método -salvo el acto de concesión de las licencias necesarias- para controlar la operación del Betis. La concesión de estos permisos de construcción es, jurídicamente hablando, un acto reglado. Esto es: no se trata de un asunto graciable de la Administración hacia los particulares, sino de una obligación administrativa siempre y cuando las obras para las que se pida licencia se ajusten a la ley y al proyecto con respecto al cual se concede. Es por eso que resulta necesario introducir en el Estudio de Detalle la cláusula de salvaguarda. En caso contrario, el Betis podría alegar desconocimiento de esta circunstancia haciendo una libre interpretación del convenio. Además, podría salvar la obligación de someterse al proyecto de González Cordón presentando un modificado. Este cambio, en todo caso, también tendría que ser oficialmente validado por Urbanismo.

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