Vecinos alertan del intento de "desalojo" de viviendas de Emvisesa por un "error administrativo"

Un total de nueve familias que reside en promociones de la empresa municipal de vivienda de Sevilla, Emvisesa, ubicadas entre las calles Profesor Manuel Clavero, Periodista Eduardo Chinarro Díaz y Andrés Martínez de León, en Sevilla Este, han pedido al equipo de gobierno de Juan Ignacio Zoido soluciones, tras alertar del intento de "desalojo y el acoso" que aseguran están viviendo para que abandonen unos inmuebles que afirman les fueron entregados por Emvisesa a partir de agosto y que pagan a través de su entidad financiera "todos los meses" a la citada empresa. Estos vecinos achacan esta situación a lo que creen puede ser un "error administrativo, que Emvisesa se niega a reconocer".

Estas familias han ofrecido este martes una rueda de prensa, junto al portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida, Antonio Rodrigo Torrijos, quien está mediando para encontrar una solución "después de que hace un mes Zoido dijera que en 48 horas lo resolvería". Así, Torrijos ha anunciado además que llevará una moción al próximo Pleno municipal para que se cree una comisión de investigación con todos los grupos políticos para aclarar lo ocurrido, que se convoque el consejo de administración de Emvisesa sobre el tema y que la empresa pública "cese en su modo de actuar", que ha calificado como "un inhumano escrache" por parte del gobierno de Zoido.

El portavoz de IU indica que desde agosto de 2012 un total de diez familias, una de las cuales ya se ha marchado, comenzaron a mudarse a las viviendas que habían solicitado a Emvisesa, después de que "una persona que se identifica como miembro de Emvisesa los llamara para decirles que tenían los requisitos necesarios y que les harían entrega del piso". Explica que esta persona les entrega las llaves del piso, el mando del garaje, la cédula de habitabilidad para contratar agua y luz y un número de cuenta de Emvisesa para abonar los alquileres, entre otra documentación, "papeles que sólo tiene Emvisesa".

Sin embargo, "meses después Emvisesa los llama diciendo que su ocupación es ilegal", añade, tras calificar la situación como "escandalosa" y como un "incumplimiento mayúsculo de Zoido que dijo que no se producirían estas situaciones con vecinos de Emvisesa".

Imputados por usurpación

"Esto no es un desalojo, porque pagan su alquiler", recalca Torrijos, que explica además que en la zona hay una veintena de viviendas de Emvisesa vacías y que otra decena "nunca han tenido habitantes", por lo que no entiende la "insistencia" en echar a estas personas. Tras esa llamada, advierte de que está "acosando" a los vecinos y que, incluso, Emvisesa ha recurrido a la vía penal. De hecho, una de las familias al completo, un matrimonio y sus dos hijas, ya ha recibido las citaciones, entre las que se encuentran las de las dos niñas de cinco y siete años, rezando el documento literalmente que deben comparecer "en concepto de imputado como responsable de un presunto delito de usurpación".

Así, uno de los afectados en cuestión, José Domínguez, explica que le reclamó a Emvisesa su contrato de alquiler "que me dijeron me enviarían, pero que no llegaba", tras lo que la empresa pública le envió un burofax el día 29 de enero para que abandonara el piso en tres días, comenzando después la vía judicial. "Entiendo que tiene que ser un error administrativo, pero Emvisesa no lo reconoce, y entonces ¿de dónde ha salido el número de cuenta de la empresa donde ingresamos el dinero y la cédula de habitabilidad?", se pregunta.

La única solución es "ir a un albergue"

Por su parte, una de las vecinas afectadas, Desiree Otero, ha alertado de que hay familias con niños, ancianos y enfermos que están pasando por esta situación y deja claro que Emvisesa "nos querrá echar, pero cobra todos los meses". Además, lamenta que hasta la intervención de IU "nadie nos ha escuchado" y asegura que la única solución que le ha dado Emvisesa es que se vaya a "un albergue, con mis dos hijos y mi madre de más de 70 años y que espere allí que ya me llamarán".

"Sólo pedimos tranquilidad y le ruego a Zoido que nos deje vivir y luchar por buscar un trabajo, pero no por tener un lugar donde dormir. ¿No tiene problemas en Sevilla que tiene que venir contra estas familias que pagan todos los meses?", se cuestiona, incidiendo en que "si hay gente esperando para entrar en los pisos porque no nos reconocen pues que les den algunos de los que tienen sin estrenar en la zona o la veintena que permanecen cerrados".

Emvisesa dice que Policía investiga la "ocupación ilegal" y que ya se ordenó devolver el dinero

Por otro lado, el delegado de Urbanismo del Ayuntamiento y responsable de la Empresa Municipal de Vivienda, Suelo y Equipamiento de Sevilla (Emvisesa), Maximiliano Vílchez, ha señalado que la Policía Nacional "sigue investigando la ocupación ilegal de viviendas" después de que la citada empresa pusiera en manos de la Policía este asunto. Además, ha advertido de que se dio ya orden al banco de que se devolvieran a las familias que actualmente se encuentran en estas viviendas y que el Ayuntamiento insta a desalojar al "no ser los ocupantes legales" las cantidades abonadas a Emvisesa en concepto de alquiler.

En una nota, Vílchez explica que los pisos tenían las "cerraduras cambiadas" y los vecinos depositaban dinero en una cuenta de Emvisesa, lo que hizo sospechar de que ocurría "algo extraño, por lo que rápidamente lo denunciamos". "De hecho, se dio orden al banco de que se devolvieran las cantidades ingresadas en la cuenta de Emvisesa al igual que las cantidades aportadas por gastos de comunidad, ya que las personas que viven actualmente en esas viviendas no son los ocupantes legales de las mismas", ha explicado el delegado de Urbanismo.

En este sentido, ha asegurado que hasta ahora una familia ya ha devuelto las llaves de manera "voluntaria al reconocer que se trataba de una ocupación ilegal" y espera que el resto de familias hagan lo mismo ya que "las adjudicatarias reales están esperando para poder entrar".

Vílchez ha explicado que el portavoz de IU debería apoyar a la administración y a la Justicia en su investigación ya que hay familias que "no pueden entrar en sus viviendas debido a que están ocupadas ilegalmente". Por último, ha añadido que las personas que se encuentran en dichas viviendas actualmente "deben abandonarlas y obtendrán su vivienda conforme al procedimiento establecido por Emvisesa".