Las calles ya no son "siempre nuestras"

  • Pinchazo de las acciones "directas", división en el 'Govern' y tensión ante la reunión que decidirá cuándo se representa el acto final en el 'Parlament'

En catalán suena hasta bien. Es como si el plural y la elegante lengua de Josep Pla hubiera borrado la similitud con aquella amenaza del Manuel Fraga más proteíco de la Transición: "La calle es mía". Els carrers será sempre nostra. Las calles serán siempre nuestras, gritaban cientos de miles de catalanes en los días previos al referéndum del 1 de octubre e, incluso, horas después, frente a la Delegación del Gobierno en Barcelona, frente a la Comisaría General de Vía Laietana, momentos de gran tensión en que se palpaba la insurrección popular, un clamor que se oyó después en la "huelga de país", pero que ha venido enmudeciendo desde que Carles Puigdemont dio el taponazo en el Parlament, al suspender una independencia que nunca declaró.

La jornada de protesta de ayer, la "acción directa" que venía anunciando la Asamblea Nacional de Cataluña (ANC) y Òmnium en las redes, fue un fracaso: hubo colas ante los cajeros, pero casi como todos los días. El dinero que los catalanes cuentarrentistas tenían que sacar ya se sacó: o está en las mismas entidades pero domiciliadas fuera. O dentro, pero blindadas en cuentas espejos.

Es como si la ANC hubiera perdido el pulso de la calle, los dos millones de ciudadanos que salieron a votar, aquellos comités que organizaron la defensa de las urnas no han podido desaparecer de un día para otro, pero la identificación de los independentistas con "un solo pueblo" ya es muy matizable. Ni son todos, sólo una parte, ni son uno, que andan divididos.

No, ayer no hubo colas para colapsar los cajeros, la pela es la pela, ya se sabe, pero es que el jueves se hubo de suspender una concentración frente a la Delegación del Gobierno de Barcelona. La excusa fue la lluvia, pero lo cierto es que ya no se trató de una manifestación masiva. Ese mismo día, a la caída de la noche, no se oyeron las caceroladas de protesta. El movimiento independentista se anclaba sobre un trípode: las asociaciones de la calle, la ACN y Òmniun, que se comunican con los activistas por medio de la web Crida Democracia; el Gobierno de ERC y PDeCAT, y la mayoría parlamentaria de Junts pel Sí y la CUP en la Cámara. Pues bien, cada uno de estos tres pilares se ha resquebrajado. La coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal, criticó ayer la llamada al boicot ante los bancos, igual que el consejero de Empresa, Santi Vila. Mientras él siga junto a Puigdemont aún habrá una ventana abierta para una solución constitucional. La consejera de Gobernación, Meritxell Borras, y el de Justicia, Carles Mundó, también se sitúan en esa parte templada del Govern que ha asumido que habrá elecciones, sí o sí, o convocadas por Puigdemont o por el Gobierno central. El encarcelamiento de los dos líderes de las organizaciones sociales, los Jordis, que han recibido cuantiosas subvenciones de la Generalitat para hacerse con la calle en una suerte de externalización de la revuelta, ha surtido ese efecto. Puede que no fuese lo que la juez Carmen Lamela buscase, pero en su auto advertía de la reiteración del delito y de la probabilidad de que lo siguieran cometiendo en estos días.

Y, ahora, casi como sea, el Parlament quiere aprobar la declaración de independencia. O no. Los antiguos convergentes son conscientes del desastre que se cierne sobre la economía catalana por más que el vicepresidente Oriol Junqueras intente demostrar, sin éxito, lo contrario. Junqueras tuvo que suspender ayer una reunión con directivos de empresas multinacionales en la sede de La Rambla de Cataluña. El encuentro se filtró a los medios y las compañías optaron por la excusa. Junqueras, que se siente un mártir desde hace años, confesó en la RAC, el otro altavoz público del procés junto a la TV3, que está preparado para ir a la cárcel. Lo confesó en público, porque hace meses que Junqueras venía contando esto de la prisión a interlocutores de Madrid y Barcelona.

Carles Puigdemont ha amenazado con levantar, mediante el voto, la suspensión de la proclamación si se desarrolla el artículo 155. La CUP no quiere que se vote, porque la ley del referéndum, anulada por el Constitucional, pero vigente para sus parlamentarios, recoge que la proclamación de la república es un hecho derivado del resultado del referéndum. Y es cierto, en ningún lado se dicta que deba ser votado el designio de un referéndum que es vinculante. Como respuesta a ello, se propuso que fuese Carles Puigdemont y su Gobierno quienes lo proclamasen mediante un decreto, pero tres de sus consejeros, los citados anteriormente, han amenazado con dimitir.

La presidenta del Parlamento, Carme Forcadell, ha convocado la mesa para el lunes a las 10:30 horas de la mañana. Será entonces cuando se decida qué día se celebra ese pleno. Podría tener la forma del Debate de la Comunidad que tienen pendiente desde después del verano. Al final, se presentarían un conjunto de resoluciones que pueden contener la declaración. En cualquier caso, la proclamación, si se produce, ya no tendrá el efecto que se hubiese conseguido hace dos semanas: la Unión Europea lo ha tumbado.

Comentar

0 Comentarios

    Más comentarios